• Así lo dictaminó Audiencia de Barcelona, pero la Generalitat hace caso omiso.
  • Y fuentes jurídicas aseguran que el presidente de la Generalitat y quien pretende sucederle, el conseller de Obras Públicas, podría incurrir en un delito de prevaricación.
  • La reclamación de Agbar tiene algo de simbólica, por cuanto la actitud de la Generalitat es muy similar a la que mantiene frente al Tribunal Constitucional.

Una sentencia que no se cumple. Que no la cumple la Generalitat. Se trata de la sentencia de la Audiencia de Barcelona por la que se anulaba la concesión de Aguas del Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona hace ya casi un año. Simplemente, la Generalitat ha hecho caso omiso y no la ha cumplido.

Por ello, Agbar, la empresa que lidera Ángel Simón (en la imagen) ha enviado un requerimiento al presisente del Gobierno catalán y su consejero de Obras Públicas, Santi Vila (quien opta  a suceder a Mas), para que haga efectiva la sentencia. En plata, que haga caso a los tribunales. A fin de cuentas, una sentencia incumplida es papel mojado y se supone que los cargos de la Administración del Estado deben dar ejemplo en el cumplimiento de la ley y de las sentencias.

Por cierto, un paralelismo con el asunto de moda: Artur Mas, a día de hoy, en vísperas de la semiconsulta sobre la independencia, tampoco ha cumplido -o no ha manifestado que lo vaya a hacer- la suspensión impuesta por el Tribunal Constitucional.

Fuentes jurídicas afirman que si no revoca el concurso de adjudicación de ATLL tanto Artur Mas como Santi Vila, además de Mas Cullell, consejero de Economía, podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación penalmente perseguible.

Además, Acciona no está por la labor de colaborar. Los Entrecanales continúan gestionando ATLL y, en cualquier caso, la Generalitat, si finalmente cumple la sentencia, tendría que abonarles el importe total aportado -próximo a los 1.000 millones de euros- y las cuentas de la Generalitat no están para esos trotes.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com