Los próximos días pasará al Senado la enmienda rechazada en el Congreso hace algunos días que pretendía la creación de un fondo de compensación para los afectados de Forum y Afinsa.

Libertad para decidir dónde poner el dinero y para asumir riesgos.

Hace algunos días se amparaba la Sra. Gastón, portavoz de Economía del PSOE, en que incentivarían el riesgo si aprobaran un fondo de compensación para los afectados de Forum Filatélico, asegurando que los ciudadanos son libres para asumir riesgos y decidir dónde ponen sus ahorros.

Parece obviar la señora Gastón que no se trata de empresas, según la fiscalía eran organizaciones delictivas creadas con el afán de realizar masivamente fraude al ahorro. Organizaciones que actuaron con la máxima notoriedad durante 27 años y aunque era evidente lo que escondían para alguien con una mínima cultura financiera, según afirmo el Sr. Solbes, recibieron todos los permisos, superaron todos los controles e inspecciones e incluso recibieron el apoyo publicitario de ilustres personalidades de nuestra elite dirigente. Incluso recibieron en el año 2003 a través del Congreso un contundente impulso institucional con la aprobación de la Disposición Adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

¿Incentivar el riesgo?, pero si la gente acudía porque estaba garantizado por contrato el reembolso del dinero más los intereses. La gente que acudía a estas organizaciones no eran especuladores, eran ahorradores. El producto estrella y más habitual era el abono filatélico que consistía en entregar una cuota mensual para al cabo de 10 años disponer de un pequeño capital. Además según la Administración Concursal el 80% de los clientes tenían menos de 20.000 euros invertidos. No parece el perfil del inversor arriesgado ¿No le parece Sra. Gastón?

Que los ciudadanos tienen que tener libertad para decidir dónde ponen su dinero y que deben de asumir sus riesgos es algo que compartimos plenamente. El asunto es determinar cuándo se supone que el Estado no ha cumplido con la obligación que le marca el art.51 de la Constitución de controlar los mercados y proteger los legítimos intereses de los ciudadanos.

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