La reunión mantenida en la tarde-noche del jueves entre la dirección y los sindicatos de Iberia, tras la huelga ilegal y salvaje del pasado viernes en el aeropuerto del Prat, fue de guante blanco.

Desde luego, Iberia mantendrá la investigación abierta para depurar responsabilidades pero, al igual que las anunciadas por los ministerios de Fomento e Interior, todo apunta a que dichas investigaciones van a quedar en nada. Además, en la compañía que preside Fernando Conte temen mucho más la actitud del Gobierno Zapatero que a los sindicatos. El Ejecutivo, responsable tanto de la navegación aérea como del orden público en los aeropuertos, pretende escurrir el bulto culpando a la compañía del caos creado por sus trabajadores de tierra al invadir las pistas. No sólo eso, el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, responsable de los cuerpos de seguridad en la comunidad catalana, ha declarado (diario El País del día 4 de agosto) que quien tiene que rendir cuentas es Iberia. La compañía no hizo lo que debía y los sindicatos firmaron un convenio que no han explicado. Así mismo, acusa a la compañía de haber presentado una mala oferta por el handling del aeropuerto del Prat. Lo cierto es que Iberia perdió el concurso de handling del Prat al ofrecer una rebaja de un 10% del coste respecto al convenio anterior. Sin embargo, ganó el concurso de Barajas donde había ofertado una rebaja del 5%.

Las cifras del conflicto revelan, por otra parte, que la invasión de las pistas no sólo fue salvaje sino absurda. Iberia tiene 1800 trabajadores de tierra en el Prat. De ellos, 1200, especialmente en facturación, no se ven afectados por el concurso. Los afectados son los maleteros, aproximadamente unos 600. Pero es que tampoco resultan muy afectados dado que en el convenio al que alude Rangel los ganadores del concurso se subrogan a los trabajadores del perdedor. Dicho de otra forma, la inmensa mayoría de los empleados que paralizaron el aeropuerto, pusieron en peligro la seguridad de los vuelos y estropearon las vacaciones de miles de usuarios que les pagan su sueldo, no iban a perder su empleo.

Como bien relataron en una rueda de prensa los dirigentes sindicales, alguien empezó a gritar: a las pistas, a las pistas. Y muchos abandonaron sus puestos de trabajo y se fueron a las pistas.

De cualquier forma, todo indica que esta barbaridad va a quedar impune. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha dicho que enviar a los antidisturbios habría resultado problemático, por lo que decidió cerrar el aeropuerto que siempre es más sencillo. Mientras, los accionistas de Iberia, tal como informaba ayer Hispanidad, braman contra el Gobierno pero en el anonimato pues saben que una compañía aérea no puede enfrentarse al regulador.

Está claro que la era de la impunidad laboral ha nacido en el Prat, un viernes 28 de julio de 2006.