A pesar de la versión contraria profusamente difundida por el Grupo Marsans desde Madrid y Buenos Aires, Hispanidad ha podido confirmar que Estado argentino rechazó el balance 2004 de Aerolíneas Argentinas -al igual que ya había hecho con los ejercicios de los años 2002 y 2003-, y también procedió a impugnarlo judicialmente. Así consta ante el juzgado Nº 15, que preside la jueza Norma Beatriz di Notto, donde se sustancia el Concurso de Acreedores de Aerolíneas Argentinas.
El Grupo Marsan citó para la aprobación de la gestión y balance 2004 de Aerolíneas Argentinas a reiteradas Asambleas de Accionistas, en una tenaz búsqueda por la aprobación de dicho balance por parte del Estado argentino, la cual reiteradamente fracasó. La primera convocatoria fue fijada para el 20 de mayo de 2005, pero se postergó por falta de quórum de los mismos convocantes para el 13 de junio de 2005. Esta segunda convocatoria tuvo que ser suspendida por un primer cuarto intermedio para el 16 de junio de 2005 y por un segundo para el día 23 del mismo mes, cuando finalmente se llevó a cabo.
Ante semejante cantidad de prórrogas y cuartos intermedios, el Gobierno del Presidente Kirchner consideró que se había violado lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley de Sociedades Comerciales, que sólo permite un cuarto intermedio y obliga a reanudar la Asamblea dentro de los treinta días siguientes a su solicitud, y que por lo tanto, la asamblea del 23 de junio fue un acto nulo viciado de nulidad absoluta. Su opinión fue en coincidencia con la resolución de la Inspección General de Justicia, que dictaminó por las mismas razones, que dicha asamblea era irregular e ineficaz a los efectos administrativos, y que por lo tanto no consideraba como válidas ninguna de las resoluciones que allí se tomaron
Ante tales circunstancias, el pasado 13 de septiembre el Estado argentino procedió a través de su abogada apoderada a solicitar ante el juzgado Nº 15 la nulidad de la Asamblea de Accionistas indicada; y además, a impugnar la resolución asamblearia del 23 de junio mediante la cual el Grupo Marsans, como accionista mayoritario, aprobó el balance 2004 de Aerolíneas Argentinas.
Las razones de esta impugnación, fueron las mismas que las que sustentaron las dos anteriores: aumento doloso de los pasivos contables, al incluirse en los balances deudas de Aerolíneas Argentinas deudas que ya habían sido canceladas por el Grupo Marsans, con fondos provenientes del Estado español. Sumando como prueba en esa ocasión, copia del contrato de transmisión de acciones de Aerolíneas Argentinas hacia el Grupo Marsans, suscrito con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, el cual fue entregado por la SEPI a la justicia española, por requerimiento del Juzgado Nº 35 de Madrid, donde se tramita la causa que tiene como imputados a Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata, por falsedad documental, estafa procesal, delito tributario y apropiación indebida de fondos públicos españoles; y en la cual, como ya ha informado Hispanidad, la acusación acaba de solicitar prisión provisional sin fianza para Antonio Mata, libertad condicional con fianza para Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, y embargo para la aerolínea propiedad de Marsans, Air Comet SA.
Pero, insólitamente, la saga de las convocatorias para la aprobación del balance 2004 de Aerolíneas Argentinas continuó. El 17 de octubre del pasado año, el grupo propietario convocó a otra Asamblea de Accionistas, para ratificar la aprobación de los estados contables 2004 de la compañía, aprobación que el mismo había realizado en la asamblea del 23/06/05.
El representante del Estado argentino se hizo presente, y rechazó tanto la ratificación de la aprobación de los estados contables 2004 de Aerolíneas Argentinas, como la gestión del Directorio de la empresa, y de su Comisión Fiscalizadora.
Ante la nueva Asamblea convocada, el 29 de diciembre de 2005 el Gobierno de Kirchner volvió a impugnar el balance 2004 de Aerolíneas Argentinas.
Todos los rechazos a los balances de Aerolíneas Argentinas y sus correspondientes impugnaciones judiciales por parte del Gobierno de Kirchner han sido decididas de manera conjunta entre el Ministerio de Planificación Federal y el de Economía. Este último, como titular de la acciones del Estado argentino, es el encargado de gestionar las solicitudes de impugnación ante la Justicia de aquel país.
"Toda otra gestión judicial de particulares que haya existido en relación al balance 2004 de línea aérea de bandera de la Argentina, a los fines de alterar y/u obstaculizar la labor judicial deberá ser investigada exhaustivamente por la justicia de ese país, a los efectos de individualizar a los autores materiales e intelectuales de la insidia, como los móviles que guiaron a los insidiosos. Pero, tal accionar, es totalmente ajeno a la impugnación del balance en cuestión que en dos oportunidades llevó a cabo el Estado argentino, y la cual continúa manteniendo su plena vigencia y validez", como bien puede constatarse, en el juzgado Nº 15 de Buenos Aires.
