En el grupo parlamentario socialista se vive una curiosa lucha por la honradez. Días atrás el presidente argentino, Néstor Kirchner, de visita oficial en España llegaba a un acuerdo con Miguel Sebastián, secretario de Estado y asesor económico del Presidente Zapatero para echar tierra sobre el escándalo Aerolíneas Argentinas. El acuerdo era muy sencill el Tesoro público español pagaría más dinero a ese pozo sin fondo que es la aerolínea de bandera argentina, con tal de que fuera la última aportación, el Gobierno argentino tomaría un 20% de la compañía, descongelaría las tarifas y retiraría las impugnaciones contra Aerolíneas y en tercer lugar, Marsans propietario de Aerolíneas cedería el control de la gestión a manos argentinas previsiblemente privadas y se enjuagaría su presunta desviación de fondos públicos españoles y las responsabilidades administrativas que pesan sobre los máximos propietarios de Marsans y ARSA, Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata. No olvidemos que las acusaciones respecto a estos tres empresarios españoles están ya en el ámbito penal después de que un Juzgado Madrileño les imputara por desvío de fondos públicos, falsedad documental y fraude fiscal.
Pero cuando todo parecía atado y bien atado surge el diputado Ricard Torres quien ha exigido (ver teletipo de Europa Press) al Tribunal de Cuentas que ratifique y certifique su ya de por sí demoledor primer informe sobre la gestión de Marsans en Aerolíneas. El Congreso exige ahora, gracias a la iniciativa de Torres el cumplimiento estricto de las condiciones de privatización de Aerolíneas. Es decir, exige que Marsans demuestre a que destinó los 758 millones de dólares que el tesoro público español le ofreció para reflotar Aerolíneas además de regalarles la Compañía.
