El ministro de Administraciones Públicas quiere llevar las relaciones laborales dentro de la administración al mundo de la empresa. Mal asunto, porque el funcionariado está desmotivado y la seguridad e su plaza en propiedad es un señor desincentivo al esfuerzo. Por otra parte, si los funcionarios trabajasen las 35 horas que proponen, a lo mejor la administración pública comienza a funcionar.
El caso es que Sevilla cree que el II Convenio colectivo firmado con los funcionarios públicos está muy bien. Ahí se contempla que el salario mínimo se establezca en los 1.000 euros y el ministro considera que sería muy buena idea que el resto de convenios laborales fueran en la misma dirección. Según la última encuesta salarial, los salarios han subido en España un 4,6% interanual, por encima de la inflación, pero el gobierno sigue negando los efectos de segunda vuelta.
Sevilla probablemente no es consciente de los efectos económicos que tendría elevar el mínimo en los 1.000 euros, espiral inflacionista incluida. O sea, el impuesto de los pobres. Pero como no le iban a hacer caso de todas formas, se permite escribir en el agua, que es gratis.
