El lunes 31 comenzó el juicio por las indemnizaciones millonarias a Amusátegui y Corcóstegui. Como saben, el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, se acogió al derecho a no responder a las preguntas de la acusación por entender que se trataba de personas que habían estado tratando de perjudicar los intereses del banco desde 1994, fecha de la absorción de Banesto por parte del SCH. Botín bostezó ostensiblemente haciendo evidencia de su desprecio por el juicio. La misma estrategia utilizada por Amusátegui y Corcóstegui, que se han negado a contestar a las preguntas de la acusación.
Pero lo más sorprendente es la actitud chulesca tanto del fiscal como del juez ponente. Ocurre que el fiscal, Fernando Burgos, fue letrado de Banesto, proveniente del Banco Madrid, absorbido por Banesto. Esto es lo curioso del caso : que el fiscal Burgos se comporta como si formara parte del equipo Botín. Parece olvidar que los propios jueces de la Audiencia desestimaron el informe de la Fiscalía que optaba por el sobreseimiento del caso. En el caso del juez ponente, Antonio Díaz Delgado, sorprende la actitud "chulesca" que todos pudimos observar por televisión. El de las puñetas preguntó por las anotaciones manuscritas del acuerdo de indemnización, aunque no hizo sangre en si efectivamente el Consejo pudo conocer el acuerdo o fue conocido a posteriori tras pactar entre los dos la cifra y la salida del banco. De hecho, resulta difícil demostrar fehacientemente la fecha del documento.
Tampoco se entiende por qué no insistió en el valor para el accionista y el "ahorro" que suponía el abono de "pagos no recurrentes" por valor de 47 millones de euros. Además, la acusación duda de que el juez permita la presentación de las contrapruebas al informe Olivencia, en el que compara las "teguis" con las indemnizaciones equivalentes en otras partes del planeta. La experiencia patria de prejubilaciones y salidas anticipadas de presidentes no apunta, desde luego, a cifras de semejante tenor. Y por si fuera poco, también existen dudas sobre la legitimación de las firmas, al no haberse presentado un documento correlativo con la fecha correspondiente. Demasiadas dudas, así que el juez ha decidido no hacer preguntas en la mañana del martes 1 a Amusátegui.
Por otra parte, tampoco se entiende la comparecencia de Leal en calidad de testigo. José Luis Leal es presidente de la AEB, función que desempeña por 600.000 módicos euros, pagados "religiosamente" por las entidades financieras, incluido el SCH. Pero es que, además, Leal es consejero de algunas de las filiales del Santander, también por unas monedillas.
En la tarde del martes 2, continuará la vista con las preguntas del fiscal a Corcóstegui, que presumiblemente alegará que su "jubilación" fue conocida y aprobada en la Junta correspondiente de 2003. Será la semana pasada cuando desfilarán los 30 testigos del caso. Será la semana pasada porque el juez todavía no ha tenido tiempo para confeccionar el calendario de citaciones.
