Sr. Director: 

Desde que en el año 1985 se despenalizara, en tres supuestos, el aborto inducido en España, la impunidad y el apoyo gubernamental con que se mueven tanto los grupos pro-aborto como los médicos que practican abortos ilegales alcanzan límites escandalosos.

Buena prueba de ello la tuvimos recientemente con el doctor Morín, el de la trituradora; ese asesino en serie de niños, detenido, encarcelado y encausado -gracias a la querella interpuesta por Alternativa Española (AES)- por practicar abortos ilegales. Mientras que el Gobierno, en vez de instar a la fiscalía a que se personara en el caso o poner los medios legales para evitar que se sigan produciendo casos similares, toma cartas en el asunto proponiendo una ley de confidencialidad para proteger a los que practican estos crímenes.

Por tanto, no nos puede extrañar que la ONG "Mujeres sobre las Obras (Women on Waves)", después de hacer notoria y pública difusión (en su web) de su intención de realizar abortos al margen de la ley en nuestro país, haya podido pasear por Valencia su barco de la muerte sin que ninguna autoridad (nacional, autonómica o local) se lo impidiera.

Esta versión macabra de la serie vacaciones en el mar, en la que no podía faltar un comité de bienvenida -con lectura de un manifiesto a favor del aborto, celebraciones y actuaciones musicales- y que ha contado con Pilar Bardem como reina de las fiestas, no se ha limitado a pedir el aborto libre o apoyar al Gobierno en su intención de promover una ley de plazos, sino que, además, ha practicado abortos farmacológicos al margen de ley (uno de ellos a una menor sin el necesario consentimiento de sus padres).

Todo esto, por supuesto, como ya nos tienen acostumbrados los promotores del lobby abortista, argumentándose desde las verdades a medias, cuando no desde la mentira: Se ha dicho que los abortos se producen al amparo de la ley holandesa, pero han silenciado que no disponen de autorización para practicar abortos a más de 25 kilómetros del hospital Slootervaart de Holanda; argumentan que estos abortos se producen en aguas internacionales, a 30 kilómetros de la costa española, cuando los convenios internacionales establecen que dicha distancia se considera "zona contigua" y por tanto aguas jurisdiccionales españolas; por otro lado, los abortos tampoco se producirían en el barco, ya que el aborto farmacológico tiene un proceso que dura unos 14 días.

Está claro, no existe voluntad política para acabar con el aborto, sea cual sea el color político de la administración sanitaria de turno. Nos hablan de preocupación por el incremento del número de abortos, de que es un drama o un fracaso, mientras dejan a las mujeres solas, sin apoyo alguno físico o moral, sin darles una solución. En el fondo, lo único que realmente les preocupa del incremento del número de abortos, es que son el reflejo de sus erróneas políticas de promiscuidad social (in) segura que, a pesar del "póntelo, pónselo", han traído un aumento alarmante de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados.

Por no hablar del colectivo pro-abortista, que tanto defiende ese supuesto derecho a decidir de las madres, derecho inexistente pues está supeditado al principal derecho de todo ser humano: el derecho a la vida. Un derecho que, sin ningún escrúpulo, convierten en obligación, blindando cualquier salida a esas mujeres, que engañadas, optan por esa solución traumática y que las marcará de por vida con el síndrome Post aborto.

Y detrás de todo, el poderoso caballero D. Dinero. Porque detrás de todas esas políticas de salud reproductiva, que se promueven desde organismos internacionales, y que contemplan el aborto provocado como un método anticonceptivo más, solamente tenemos el enriquecimiento multimillonario de todas las organizaciones que promueven su despenalización y de los médicos que ejecutan este crimen abominable.

Pero, además, detrás del aborto hay otra realidad, la que se mide por millares al año, la que ha propiciado el genocidio de más de un millón de seres humanos en España desde su despenalización. Mientras, nuestra clase política juega con la opinión pública al poli bueno-poli malo para imponernos su cultura de la muerte: mientras los unos (PSOE, IU, UPyD) promueven nuevas leyes abortistas, los otros (PP) les plantan una firme oposición apostando por mantener la ley actual, la que acaba con la vida de más de cien mil niños anualmente. 

Pero no sería justo echar toda la culpa a nuestros políticos, al fin y al cabo, están ahí gracias al respaldo de sus votantes. Como dijo Edmund Burke: "Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada".

Manuel Maldonado Ruzafa

manuelmaldonadogr@gmail.com