El Gobierno de Navarra ha adoptado una línea laicista en materia de educación vulnerando sistemáticamente los derechos de los padres, los alumnos y los profesores de la asignatura de Religión Católica.
No en vano, este gobierno fue uno de los primeros en implantar Educación para la ciudadanía (2006) en España, cuando la LOE (Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006) no obligaba a hacerlo hasta el siguiente curso. Para introducir esta asignatura obligatoria, el ejecutivo de UPN quitó sendas horas semanales a la Religión en 3º y 4º de la ESO. Además, el Departamento de Educación persigue la objeción de conciencia a esta materia de Educación para la ciudadanía.
La rigurosa aplicación de la ley a los objetores de Educación para la ciudadanía contrasta con las ilegalidades que el mismo Gobierno tolera en la impartición de Atención Educativa (la asignatura alternativa a la Religión). Ésta se utiliza con frecuencia para reforzar otras asignaturas del currículo o se imparte directamente en inglés, causando un agravio comparativo a los alumnos de Religión, que ven cómo sus compañeros de Atención Educativa cuentan con una preparación extra de cara a los exámenes en la citada lengua.
Ante las reiteradas quejas que desde diversos ámbitos se le han hecho llegar, la Administración ha manifestado que está cumpliendo la ley, faltando claramente a la verdad. También ha hablado de la posibilidad de impartir Religión en inglés, pero el hecho es que sólo los funcionarios pueden tener la acreditación para dar clase en inglés y los profesores de Religión, por ley, no pueden ser funcionarios.
Todavía podemos aportar otra reciente perla: el Gobierno ha eliminado los proyectos educativos del área de Religión. Se trataba de unas horas destinadas a la elaboración de proyectos educativos con las que el Gobierno compensaba las horas que quitó a Religión al introducir Educación para la ciudadanía en la ESO. Con ellos los profesores de Religión completaban su jornada laboral. Ahora, con ocasión de los recortes debidos a la crisis se ha optado por la eliminación de estas horas, con la consiguiente reducción de la jornada laboral de los profesores de Religión y el peligro de quedarse sin trabajo para algunos.
Ante estas actuaciones sólo cabe denunciar esta política arbitraria y estatista de UPN, contraria al más elemental Derecho Natural y, por cierto, contraria también al Derecho Foral de Navarra. Así como la contradicción de un partido que apela constantemente a la Constitución Española que luego incumple sistemáticamente (Art. 27.3). Por último, hay que poner de manifiesto la sinrazón que supone esta política contraria a la libertad religiosa que allana el camino a las izquierdas dejando sin sentido el propio espacio político de UPN.
Tomás Leache
