Soraya Saénz de Santamaría ha anunciado esta mañana en su comparecencia en el Consejo de Ministros la adopción de nuevos gravámenes em la administración de Justicia.
Las tasas ya existentes desde primera instancia en el Orden Civil y en el Contencioso-Administrativo se aplicarán también en lo Social, pero sólo en segunda instancia.
También se introduce una nueva tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.
A partir de ahora, aquellos individuos con recursos económicos o entidades con personalidad jurídica que apelen ante una segunda instancia en lo social verán encarecerse sus procesos. Se trata, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, de "una decisión importante y absolutamente necesaria para garantizar la equidad y el derecho a una asistencia jurídica gratuíta", así como para limitar la litigiosidad en España que satura los juzgados.
Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado, sino queestarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.
La medida es lo suficientemente importante como para que hubiera comparecido para explicarla el ministro del ramo, Ruiz Gallardón. Como en otras ocasiones no ha sido así. Sí han estado Montoro y José Manuel Soria para hablar de los recortes el primero y de las nuevas medidas en el sector eléctrico.
Sara Olivo
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