Decíamos ayer...
La progresía está desatada. En España, los representantes oficiales de la progresía son el PSOE, Izquierda Unida, sus sindicatos afines (cada vez más alineados, CCOO y UGT), todo ellos coordinados por el hombre más poderoso de España: Jesús Polanco.
También hay una progresía de derechas, representada por el centro reformismo nacido de los 8 años de Aznarato, cuyo representante político es el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y cuyo valedor mediático es el diario El Mundo de Pedro José Ramírez.
Así que la progresía ha echado su cuarto a espadas por la eutanasia en Madrid. El comunista Gaspar Llamazares y el socialista Rafael Simancas, conocidos como los últimos proletarios, pretenden movilizar a más de 240 asociaciones, las vecinales, que controlan. Tanto es así, que son la leva de ambas formaciones políticas, y un sinnúmero de organizaciones que cuentan, por lo menos, con una docena de afiliados, eso sí, todos ellos muy concienciados. Hablo, por ejemplo, de las asociaciones en defensa de la sanidad pública, cuya principal preocupación y ocupación es proponer el aborto libre y gratuito... en la sanidad pública. Toda la progresía madrileña corre presurosa en socorro de los médicos del hospital Severo Ochoa, de los médicos, antes repugnantes burgueses, ahora, hermanos en el dolor y víctimas del linchamiento de la derechona.
Pero, naturalmente, ni Simancas ni Llamazares sacarían a la calle ni a un vecino sino fuera por el soporte que la Cadena SER, El País, Canal Plus y Cía. están dispuestos a ofrecer. Además, donde va Prisa va la TV pública, como dócil corderito. Desde que Tom Wolfe publicara La hoguera de las vanidades, todos sabemos cómo se moviliza a las masas. Se sitúan a 30 profesionales de la pancarta y se llama a las unidades móviles de TV. Es decir, que si las cámaras acuden la movilización es un éxito, si no, es un fracaso. Vamos, que el pueblo habla... delante de las cámaras. Y si no hay cámara pues estamos hablando de la mayoría silenciosa.
La verdad es que el informe de los inspectores al que hacía referencia ayer es demoledor. El bueno del doctor Montes (ya saben, el linchado) se pasó dos pueblos y aceleró la muerte de los pacientes ingresados. La denuncia de su trabajo y del de sus colaboradores (al aparecer todos ellos aborregados porque en las grandes empresas nadie es responsable de nada y nadie discute las órdenes) fue anónima, y eso no me gusta. No me gusta pero tampoco me extraña, porque del texto y los conceptos utilizados en la denuncia se percibe que el anónimo sabe de lo que está hablando, probablemente pertenezca a la institución sanitaria, y ya saben: perro no come perro. Otra vez el repugnante corporativismo de la clase médica, y de otras muchas profesiones.
Denuncia anónima pero cierta, o, al menos, eso dice el informe de la inspección. Por eso El País ha dedicado toda su edición del martes a darle la vuelta al calcetín para demostrar que el tal informe no es correcto, con argumentos tan peregrinos como que otro informe interno del propio centro habla de dosis excesivas en las sedaciones, sin más detalle. A mí me parece que esas palabras, independientemente de los detalles, ya dicen mucho, más bien lo dicen todo.
Ante este informe, y a pesar de todo el chaparrón mediático progre, la ministra de Sanidad, esa señora tan alegre, de nombre Elena Salgado, decidió trasladar el caso al Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido, que es como pedirle a Herodes que te cuide al niño. Naturalmente, el fiscal de Madrid, en un primer vistazo (a El País, supongo) cree que no hay indicio de delito.
Esto me recuerda cuando el director de Opinión de Hispanidad.com, Javier Paredes, presentó una denuncia ante el anterior Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, por el pitorreo de la clínica Dator, el mayor abortódromo de España, que se salta a la torera la ley con informes médicos realizados con antelación a que la cliente se presente en la clínica para librarse del paquete. Cardenal, según la progresía un feroz reaccionario antiabortista, decidió trasladarle el expediente a Bermejo, fiscal del PSOE y uno de los personajes que más le odiaba, pero del que podría esperarse lo que sucedió: en un par de días de investigación llegó a la inesperada conclusión de que no había indicios de delito.
En resumen, la batalla por la vida, en este caso en forma de eutanasia, se centra ahora en el Severo Ochoa. Ya lo decía ayer: se trata de implantar la eutanasia de hecho, que no de derecho, permitiendo que los médicos la apliquen, al parecer, sin explicarles a los familiares qué es exactamente lo que están haciendo. Con ello se consigue, además de la eutanasia de hecho, una nueva incursión del Estado en la vida privada de los demás: es el médico el que decide, no el paciente y su familia, que pasan a un segundo grado. No me extraña que Polanco y sus amaestrados cachorros políticos, el PSOE e IU, se hayan lanzado al ruedo.
Mientras tanto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, está viviendo en sus propias carnes el viejo principi El precio de la libertad es la soledad. Y a lo mejor tiene ocasión de vivir el colofón: El precio de la caridad es el martirio. Empleo la palabra caridad en su primer significad amor, en su vertiente de solicitud por los más débiles. Porque aquí el débil no es el personal sanitario del Severo Ochoa, sino los pacientes que murieron, presuntamente prematuros, sin poder dar su opinión.
Testamento vital: ni aunque me despeñe justo al lado del servicio de Urgencias, advierto que bajo ningún concepto se me ingrese en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Con cargo a mi patrimonio (mis herederos lo pagarán con gusto), que se pague la ambulancia que me traslade a cualquier otro hospital con tal de que esté situado a no menos de10 kilómetros de tan profesionalísimo centro sanitario.
Eulogio López
