La Constitución española es papel mojado para las administraciones. Treinta años después, la protección a la familia sigue siendo la asignatura pendiente de los derechos reconocidos en la constitución. Es urgente un pacto de Estado de todos los partidos políticos, administraciones y agentes sociales para desarrollar el mandato constitucional y asegurar la convergencia con Europa con respecto a las ayudas a la familia.
Mientras Europa se decanta por la universalización de la prestación por hijo a cargo, en España es el país de la UE, donde la ayuda por hijo llega a menos familias (apenas una de cada diez). Su cuantía de 24,25€/mes está congelada desde el año 2.000 (salvo para menores de 3 años) y está muy alejada de la media europea de 91€/mes.
Mientras las administraciones no aborden y resuelvan los problemas de la familia, no podemos decir que la Constitución Española se esté desarrollando en España y sea una realidad, ha señalado Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF). Al día de hoy, al menos a nivel de la familia, la Constitución Española es papel mojado. Treinta años después de aprobarse la Constitución Española de 1978, el primer punto de la política social sigue siendo un punto negro.
En efecto, mientras España está inmersa en un invierno demográfico por el déficit de natalidad existente (se necesitan al menos 125.000 nacimientos más anuales para asegurar a medio plazo el mantenimiento de la población), con una explosión del número de abortos (112.000 en el 2007) convirtiéndose en la primera causa de mortalidad, cada vez hay menos matrimonios (La tasa de nupcialidad ha caído vertiginosamente desde una tasa de 5,88 en 1.980 hasta una tasa de 4,47 en el 2.007) y cada vez más matrimonios rotos (141.000 rupturas matrimoniales en el 2007, es decir una ruptura cada 3,7 minutos), el artículo 39.1 de la Constitución Española.
Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Sigue siendo el más incumplido de todos. A pesar de la importancia de la familia, de su aprecio social, de sus funciones sociales y de que la Constitución le reservó el primer apartado del capítulo de los principios rectores de la política social, los distintos gobiernos, y especialmente el último, han incumplido constantemente este principio, olvidando y relegando a la familia al último puesto.
Y mientras tanto, y durante este periodo, las administraciones han ignorado y a abandonado a la familia. España cuenta con un organismo de familia de cuarto nivel mientras en Europa se apuesta por organismos de Familia de primer nivel (Ministerio de Familia), España no dispone de una ley de Familia ni de ningún Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) y además cuenta con unas ayudas insignificantes. Así, mientras que para la familia española el coste medio mínimo de un hijo es de 5.456 euros anuales, lo que supone un acumulado de casi 100.000 euros hasta los 18 años, cuenta, sin embargo, con unas reducidas e insuficientes ayudas a la Familia, que la discriminan frente a la inmensa mayoría de los países europeos.
Celebrar la aprobación de la Constitución Española por parte de los políticos en estas condiciones es un insulto a las familias españolas, concluye Hertfelder. Es por todo ello que desde el IPF reclamamos un Pacto de Estado de todos los partidos políticos, administraciones y agentes sociales para desarrollar de una vez el mandato constitucional y asegurar la convergencia con Europa con respecto a las ayudas a la familia.
Algunos datos analizados por el IPF son:
1. Las prestaciones familiares por hijo cargo -24,25 €/mes para rentas inferiores a 11.000€ (2008) y 42€/mes para menores de 3 años, de cuantía insignificante y con restricciones de renta discriminatorias e injustas.
2. Lo que está provocando países europeos de primera y segunda categoría.
Una familia con dos hijos recibiría en Luxemburgo una prestación de 687€/mes, en Alemania de 308€/mes, en Irlanda de 283€/mes y en Austria de 271€/mes etc. Por el contrario, esa misma familia recibiría en Eslovaquia una prestación de 28€/mes, de 22€/mes en Polonia (y con fuertes límites de renta) y de 19€/mes en Letonia. Lo más grave es que además, las restricciones de renta impedirían que una buena parte de las familias de Italia, Malta, Eslovenia, Portugal, España y República Checa tuvieran acceso a esta prestación.
Así mismo, una familia con tres hijos recibiría en Luxemburgo una prestación de 1.521 €/mes, en Austria de 500 €/mes, en Bélgica de 479 €/mes y en Alemania de 462€/mes etc. Por el contrario, esa misma familia recibiría en Eslovaquia una prestación de 42€/mes, de 36€/mes en Polonia (y con fuertes límites de renta) y de 33€/mes en Letonia. Y además, las restricciones de renta impedirían que una buena parte de las familias de Italia, Malta, Eslovenia, Portugal, España y República Checa tuvieran acceso a esta prestación.
3. España es uno de los pocos países de la UE que impone restricciones de límites de renta, decantándose la mayoría por la Universalización de las ayudas, provocando que el 91% de las familias españolas no puedan acceder a dichas ayudas.
