Remitir a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2019 y no ser capaz de sacarlo adelante, es un desgaste que Pedro Sánchez no está dispuesto a asumir, a pesar de que Pablo Iglesias le advierte: “No es muy sensato tratar de aguantar la legislatura en caso de que no se logre un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos” e insiste: "El Gobierno legalmente puede prorrogar los Presupuestos y puede aguantar, pero yo creo que políticamente sería muy difícil de explicar que se han perdido los apoyos que construyeron la moción". Y más: "No se puede gobernar por decreto". Pero llegados a este punto… Salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera.

Hablamos del mismo Sánchez que dijo eso de “convocaré elecciones cuanto antes” y que ahora seis meses más tarde, plantea prorrogar en 2019 esos Presupuestos 2018 heredados de Mariano Rajoy y luego ganar tiempo sometiendo a debate, una a una, medidas contenidas en el fallido proyecto de las cuentas públicas: la recuperación del subsidio a los parados mayores de 52 años, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros el 1 de enero, o los 600 millones de incremento en las partidas para servicios de dependencia o, por la vía del decreto, sacar adelante la reforma del mercado laboral, o de la legislación laboral, como prefieran, tras anunciar que quiere poner en marcha “la Agenda del Cambio”.

Así ha llamado Pedro Sánchez a una agenda que pasa, entre otras cosas, por recuperar las jubilaciones forzosas, el registro obligatorio de las horas de trabajo y la intención de reducir a tres el número de contratos todo en “aras de acabar con la precariedad”.

El Gobierno había acordado con patronal y sindicatos discreción para no boicotear los avances

Sin embargo, el zasca de los agentes sociales no se ha hecho esperar. El anuncio ha desconcertado a sindicatos y patronal, que niegan que se estén produciendo avances en la mesa del diálogo social, donde emplazan a Sánchez a tratar las medidas anunciadas en público. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que se mostró “bastante crítico con la idea de ir soltando partes de un todo”, en referencia al anuncio de Sánchez, reclamó al Gobierno que ponga “fecha de caducidad” a la mesa de diálogo social para que “no se eternice” y que, si concluye el año sin acuerdo, el Ejecutivo apruebe por decreto los cambios a los que se comprometió. Tampoco gustó el anuncio a la CEOE, que considera que las medidas propuestas “no sirven” para crear empleo.

El Gobierno había acordado con patronal y sindicatos mantener unas conversaciones discretas para no boicotear los avances, algo que tanto los sindicatos como la patronal habían cumplido a rajatabla. Sin embargo, el presidente se saltó su propio pacto anunciando una medida, la de reducir a tres los tipos de contratos, que no solo no está negociada en las mesas de diálogo sino que ni siquiera forma parte de las demandas de los sindicatos, que consideran que no es prioritaria para luchar contra la temporalidad.

Pero lo que tampoco va a hacer saltar de alegría a los empresarios, y que al parecer el Ejecutivo si quiere llevar a la mesa del diálogo social, es el endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que realicen contratos temporales sin justificación.

Hay que ser "prudentes", "cautos" y "no tomar la parte por el todo", dice Valerio sobre las negociaciones con los autónomos

Actualmente, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece que, será infracción grave el fraude en la contratación temporal con una multa, la cual parte desde los 600 euros.

La propia Magdalena Valerio es la que propone que se incrementen las multas por cada contrato temporal sin justificar. Una propuesta que, curiosamente, ya anunciará en su día Fátima Báñez que hablaba de una sanción por cada contrato que supusiera el fraude y el abuso en los contratos temporales en las empresas.

Y como no, hablar de una nueva rectificación del Gobierno o de un jarro de agua fría para los autónomos porque Valerio dice ahora que el principio de acuerdo sobre el incremento de las cotizaciones sociales de los empleados por cuenta propia anunciado por las asociaciones de autónomos ATA y UPTA y confirmado por el Ministerio "no está cerrado". La ministra ha asegurado que este acuerdo está en fase de negociación con las principales asociaciones y que después deberá pasar por la mesa de diálogo social. Ha dicho, además, que hay que ser "prudentes", "cautos" y "no tomar la parte por el todo", al tiempo que ha apuntado que las "filtraciones" de los puntos del preacuerdo han sido derivadas “de la metodología participativa que tiene el Gobierno”. Ahí queda eso.

Una cosa más. Ya sabemos que a propuesta de Presupuestos que el Gobierno envió el mes pasado a Bruselas no levanta pasiones en el mundo empresarial. Después de que las Cuentas fueran recibidas con duras críticas por la CEOE, el Círculo de Empresarios mantiene esta línea y acusa al Ejecutivo socialista de haber elaborado estos Presupuestos con un “cálculo electoral de corto plazo” en mente. Avisa de que el desfase entre ingresos y gastos puede superar los 10.000 millones.