De pensiones se ha hablado mucho esta semana. Y me pregunto qué ha sido de aquello a lo que se comprometieron los partidos en el Pacto de Toledo, que en su reglamento establece el compromiso de no utilizar las pensiones con fines partidistas. Un Pacto de Toledo, si es que sigue vivo todavía, que no reconocerían ni los padres que lo fundaron.

Y como muestra lo último y sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social lo que ha dicho la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, que calcula que se tendrán que utilizar unos 3.500 millones del fondo para poder abonar la paga extra de Navidad para los más de nueve millones de jubilados.

En una entrevista a la agencia EFE, asegura que a esta cuantía, que dejará la llamada 'hucha de las pensiones' con apenas 1.500 millones de euros, se sumarán los 6.330 millones que quedan del préstamo de 13.830 millones de euros que concedió el Tesoro a la Seguridad Social.

"Este año van francamente bien las cotizaciones" con crecimientos interanuales de hasta el 8%, dice Valerio, a la que le invade el optimismo porque no descarta que, gracias a esa buena evolución, pueda tener que usarse "un poquito menos" del fondo de reserva y avanza tajante que la primera medida que tomaría de volver a estar al frente del Ministerio de Trabajo sería tramitar "la derogación de la ley de pensiones de 2013 de una vez por todas". Prioritario, un acuerdo, en el seno del Pacto de Toledo y el diálogo social, que garantice la sostenibilidad social de las pensiones con subidas según el IPC real.

Así que, mientras una parte de los jubilados viajaba con destino Madrid para para exigir a los partidos políticos una pensión mínima de 1.084 euros, otros cancelaban sus planes para viajar a Cataluña

Aunque no confirma que el incremento del 0,9% de las pensiones en 2020 se apruebe antes de que termine el año, porque dependerá de los plazos de formación de Gobierno, sí deja claro que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Así que Magdalena Valerio derogará la ley de pensiones “de una vez por todas” lo que le va a complicar la vida y mucho a Nadia Calviño que es la que tiene que dar las explicaciones en Bruselas.

Declaración de intenciones de la ministra de Trabajo en funciones que coinciden con las reivindicaciones de los pensionistas que llegaban a Madrid esta semana para, delante del Congreso de los Diputados, reivindicar la subida de los impuestos en, nada más y nada menos, 90.000 millones para pagar las pensiones. Y se me ocurre pensar, con la mejor intención del mundo, qué como habrán hecho las cuentas, porque de dónde vamos a sacar esa cifra milmillonaria ahora, sobre todo, que estamos en plena desaceleración.

Pues ni ellos mismos lo saben porque, los mayores, convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, hicieron llegar un informe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet en el que detallaban sus exigencias para garantizar el futuro del sistema, pero no explican cómo debería ser la subida de impuestos. Lo que sí señalan es que debería recaer “sobre los que más tienen” para alcanzar el nivel de las bases impositivas de Europa. Parecen desconocer, no obstante, que la principal brecha de recaudación de España con el resto de los países de nuestro entorno reside principalmente en las familias, por lo que esta subida de impuestos debería recaer sobre los hogares y, para que sumara los 90.000 millones que reivindican, tendría que afectar sobre todo a las clases medias.

Magdalena Valerio derogará la ley de pensiones “de una vez por todas” lo que le va a complicar la vida, y mucho, a Nadia Calviño, que es la que tiene que dar explicaciones en Bruselas

Ya sabemos que los más de nueve millones de jubilados cuentan con un potente poder electoral. Y eso lo saben los partidos. Saben que las pensiones han sido siempre un factor esencial en el tablero político. Por eso hay quien piensa que las manifestaciones de los jubilados no son una mera reacción social, ni son espontáneas porque, dicen, tienen mucha carga política. Ahí lo dejo.

Así que mientras una parte de los jubilados viajaba con destino Madrid para para exigir a los partidos políticos una pensión mínima de 1.084 euros, sin tener en cuenta lo cotizado, y una revalorización que sea igual o superior al IPC, otros cancelaban sus planes para viajar a Cataluña.

Y es que, la tensión política en Cataluña está pasando factura a su principal actividad económica. El frenazo de la demanda de turistas amenaza con mantener en el alero uno de los pilares del negocio en temporada baja. El programa de viajes del Imserso, es decir, los viajes subvencionados para la tercera edad que sirven para mantener la actividad hotelera también en otoño e invierno.

Los pensionistas, convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, hicieron llegar un informe a la presidenta del Congreso en el que detallaban sus exigencias 

Son más de 80.000 las plazas del programa que tienen como destino las costas de Barcelona, Girona y Tarragona, y a día de hoy parecen estar en compás de espera. Las agencias de viajes, que son las que controlan la venta de gran parte de los paquetes del Imserso, advierten de que el parón de la comercialización a los destinos catalanes es preocupante y pronostican que, si la situación se mantiene, pueden quedarse sin vender más de la mitad de los viajes previstos para esta temporada.