Oferta de empleo público para la Administración General del Estado aprobada por el Consejo de Ministros de ayer y firmada y pactada con los sindicatos el 28 de marzo, a un mes exacto de las elecciones del 28-A. Dos reuniones en 24 horas acabaron con Gobierno y representantes de la función pública cerrando un acuerdo que contemplaba un aumento del 33% en las plazas de ingreso libre y un incremento del 26% en las de promoción interna, respecto a las planteadas inicialmente.

Una negociación rápida, ultra rápida, que a buen seguro no hubiera sido así si no estuviéramos a las puertas de unas elecciones. Algunos piensan que dentro de las medidas electoralistas que se vienen aprobando los viernes, esta es la más ostentosa. Y lo justifican con un par de cifras: Sánchez llegó al poder en el mes de junio de 2018 y desde entonces se han creado 93.200 empleos públicos, un 3% más que el año anterior, mientras que en ese mismo periodo de tiempo el empleo privado ha crecido a ritmos del 0,8%. Es decir, el empleo público se ensancha cuatro veces más que el empleo privado. Pero esto per sé no tiene porqué ser malo ya que si el Estado contribuye a que el paro baje es bueno para todos a lo que los críticos responden que este tipo de sonoras medidas son pan para hoy y hambre para mañana.

En España hay aproximadamente dos millones y medio de funcionarios. De ellos, la Administración Central gestiona algo más de 500.000

Así que, podemos hacer un cálculo de cómo está creciendo el empleo público y cómo es la proporción de empleo en el conjunto del país, pero la cuestión es si se necesita o no se necesita ese empleo público. Es decir, que un país como España en el que la población está decreciendo, con una economía que tiene todavía un déficit bastante apreciable y que, en ese escenario, los puestos de trabajo que dependen de la Administración pública crezca a mucho mayor ritmo que el privado supone llegar a desequilibrios importantes. Y es que el empleo público se encuentra en máximos. De hecho, avanza a un ritmo récord, según la Encuesta de Población Activa Publicada en el mes de enero, en la que se refleja que se disparó en 136.200 personas en los últimos doce meses, Se trata del mayor incremento anual desde 2004, en plena burbuja inmobiliaria, cuando subió en casi 154.000 efectivos, y el segundo más alto de la serie histórica.

Y lo más relevante es que este aumento se concentró especialmente en el segundo semestre, tras la moción de censura del PSOE, cuando las plantillas públicas se apuntaron el segundo mayor crecimiento de la serie histórica, tan sólo superado por el de 2008.

Hay que recordar que el Gobierno aprobó en julio del año pasado tres reales decretos sobre empleo público

Hay que recordar que el Gobierno aprobó en julio del año pasado tres reales decretos sobre empleo público. Puso en marcha una oferta que contemplaba conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas que, sumadas a las 7.688 convocadas dos meses antes para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, elevaban la oferta total para 2018 a 30.844 plazas. El récord absoluto es el que tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2018. La ocupación aumentó en un total de 36.600 personas, el 0,2%, su primer repunte en este trimestre desde 2015, pero gracias, única y exclusivamente, al sector público, que contrató a 43.400 personas, frente a los 6.900 empleos destruidos por el sector privado. Se trata de la mayor subida que se registra en un cuarto trimestre. Es decir, en este momento y en este escenario político y económico el empleo público está creciendo a un ritmo histórico.

Es cierto que el incremento del empleo público contribuye a que haya más consumo y que por tanto crezca la economía pero a corto plazo porque el Estado no puede ni debe ser artífice principal de la creación de empleo que se crea en el país.

Las plantillas públicas se apuntaron el segundo mayor crecimiento de la serie histórica en el segundo semestre de 2018, tan sólo superado por el que se produjo en 2008

Es cierto que quizá se pinta un panorama con un trazo demasiado grueso y se meten colectivos muy distintos dentro de una misma bolsa. Los profesores, los médicos o las fuerzas de seguridad son activos absolutamente vitales frente a otros que pueden ser absolutamente prescindibles.

En España hay aproximadamente dos millones y medio de funcionarios. De ellos, la Administración Central gestiona algo más de 500.000. Sólo el 10% de los funcionarios tiene menos de cuarenta años y, en la próxima década, se jubilarán 70.000.