El debate político y económico de las últimas semanas hay que narrarlo como si fuera un partido de futbol. Hablar de tácticas, regates en corto, ofensivas, contragolpes, jugadores abriéndose paso a codazos…y de goles, claro que sí, como el gol que, contra pronóstico le marco el martes pasado el combinado gubernamental, PSOE-Podemos, al conjunto opositor PP-Ciudadanos. Es lo que tiene conocerse al dedillo los mecanismos de poder que en esta ocasión han mostrado un camino donde parecía no haberlo. Ya lo dijo la ministra portavoz, Isabel Celaá, en una de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros: “El Congreso buscará las fuerzas políticas parlamentarias que analicen otras fórmulas alternativas para tramitar de manera urgente la modificación de la Ley de Estabilidad”. Hay que hacer más caso a lo que dice Isabel Celaá porque muchas veces indica por dónde puede ir el balón.

La jugada permite a Pedro Sánchez desbloquear una situación compleja. Acuciado por conseguir una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que aprobar la nueva senda de déficit y salvar los Presupuestos con más gasto público, como le exige Podemos, el Gobierno echaba mano de una argucia para saltarse la decisión de la Mesa del Congreso. Donde la mayoría que forman el PP y Ciudadanos rechaza cualquier acelerón en los tiempos parlamentarios y que condena a la reforma instada por Pedro Sánchez a una tramitación lenta en el Congreso y, posteriormente, en el Senado.

Hacienda y el propio PSOE manifiestan que puede haber un cierto retraso en la tramitación por las trabas que pondrán PP y Cs que darán la batalla con toda la artillería pesada que tengan a su alcance

Ante esta situación de “bloqueo”, explicaba el PSOE, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a última hora una enmienda en una ley que nada tiene que ver con los Presupuestos ni el déficit. Se trata de una proposición de ley sobre formación de jueces contra la violencia de género que se está tramitando en la actualidad. Utilizando este canal abierto en el Registro del Congreso, el PSOE coló una enmienda para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su apartado 15.6, que alude a la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda de déficit.

Pero si el Gobierno de Pedro Sánchez cree que por meter un gol por la escuadra a la oposición para saltarse el veto de PP y Ciudadanos a la reforma de la Ley de Estabilidad, va a acelerar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado... seguramente se equivoca. A pesar de que la Mesa de la Comisión de Justicia ha decidido admitir a trámite la controvertida enmienda del PSOE, el atajo no ha hecho más que asegurar una guerra total con la oposición. Lo que va a suponer casi con seguridad, un retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Pedro Sánchez quería llevarlos al Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre. Ese plazo, ahora, podría ser algo más largo.

Lo ha admitido Hacienda y el propio PSOE al manifestar que puede haber un cierto retraso en la tramitación por las trabas que pondrán PP y Cs que darán la batalla con toda la artillería pesada que tengan a su alcance.

Y artillería pesada es lo que al parecer utilizará el Gobierno si no hay acuerdo en materia de pensiones. Llamamiento y advertencia de la ministra Magdalena Valerio después de que la división de opiniones por si las pensiones deberían subir siempre en función del IPC, bloquease las negociaciones en el Pacto de Toledo, mientras los pensionistas protestaban airadamente a las puertas del Congreso.

La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo celebró esta semana una reunión totalmente infructuosa. La causa del bloqueo está en el órdago lanzado por Podemos que rechaza toda solución que no pase por actualizar estas prestaciones con respecto al IPC 

Valerio ha manifestado que no es partidaria de vincular “en todo momento y en toda circunstancia” la subida de las pensiones al IPC y espera que Podemos recapacite porque si no…“el Gobierno legislará”, dice, “claro que legislará pero esperamos no tenerlo que hacer, ojalá no tengamos que hacer un real decreto ley con este asunto”.

La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo celebró esta semana una reunión totalmente infructuosa. La causa del bloqueo está en el órdago lanzado por Podemos que, junto a ERC y Compromís, rechaza toda solución que no pase por actualizar estas prestaciones con respecto al IPC en cualquier escenario económico, sin que variables como la evolución del PIB o la tasa de paro puedan alterar dicha indexación.

Valerio, que ha decidido bajar el coso del debate sobre la fórmula de la revalorización de las pensiones que trae de cabeza a los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, fue clara: todo lo que tenga que ver con el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados se negociará en el marco de la Comisión parlamentaria y no en el de las conversaciones entre el Gobierno y Podemos para los Presupuestos Generales.

Y si había pocas dudas, muy pocas, esta semana ya se han disipado. La subida del IRPF para las rentas más altas es un hecho para el presidente del Gobierno que cometió un ‘error conceptual’ o quizá tuvo un ‘lapsus fiscal momentáneo’ al asegurar que los ricos no pagan IRPF. "Mi planteamiento es que los ricos no pagan IRPF porque tienen las Sicav, Patrimonio, el Impuesto de Sociedades...", dijo para señalar que se subirá en el tramo de quienes cobren “los 140.000 o 150.000 euros” anuales, a lo que Nadia Calviño añadía que si hay un momento en el que toca subir impuestos “es ahora”.

Las alertas sobre la desaceleración y los efectos negativos que podrían tener estas subidas no han disuadido al Gobierno. Para Calviño, este es “el momento de hacer cambios” debido a que el crecimiento del país todavía es “robusto”. Según sostenía en la entrevista concedida a Antena 3, lo que se está produciendo es “una moderación del crecimiento” en línea con la que viene registrándose desde 2015, cuando se alcanzó el máximo del ciclo actual, con un 3,4%. Así que, el Gobierno mantiene por ahora su previsión para este año en el 2,7%, cuatro décimas menos que en 2017.

El gasto público saldrá prácticamente indemne de los ajustes. Según los expertos, las cuentas públicas de 2019 plasmarán una subida del gasto siete décimas superior al estimada hace apenas cuatro meses.

Junto al contexto económico, el otro argumento que esgrimió Calviño para defender la subida de impuestos es la baja presión fiscal en España respecto a Europa.”La ratio de ingresos públicos respecto al PIB se encuentra en el 38%, seis puntos por debajo de la media comunitaria”. Pedro Sánchez ya ha manifestado que su intención a medio plazo es converger hacia la media europea, lo que implicaría una subida impositiva de casi 80.000 millones de euros.

Frente a los temores que el déficit español suscita a las autoridades europeas, que reclaman al Gobierno que cumpla con sus compromisos, Calviño sostiene que, este año, España va a reducir su desequilibrio “por debajo” del 3%, lo que permitirá salir del procedimiento de déficit excesivo. Y para el próximo año, el Ejecutivo se ha comprometido con una “senda de ajuste de 0,4 puntos porcentuales, aproximadamente 6.000 millones de euros”.

Pero el gasto público saldrá prácticamente indemne de estos ajustes. Según los expertos, las cuentas públicas de 2019 plasmarán una subida del gasto siete décimas superior al que estimaba el Gobierno de Mariano Rajoy hace apenas cuatro meses.

Sin embargo, lo que no saldrá indemne de la ofensiva fiscal del Gobierno es el ahorro. Hacienda ha confirmado que estudia eliminar los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados. Se trata de una de las demanda de la formación que dirige Pablo Iglesias, que de llevarse a cabo provocaría que las aportaciones a estos productos dejasen de desgravar en la declaración de la renta.

Por cierto, España vuelve a pagar más por su deuda con la marejada política de fondo. Y, aunque no ha tenido mayores problemas para colocarla, lo cierto es que se ha visto obligada a elevar de nuevo el interés ofrecido a los inversores, que no le quitan ojo a la tormenta política, al futuro de los Presupuestos Generales y a la reforma de la Ley de Estabilidad que está sobre la mesa.