Se habla ya de que la campaña electoral que está protagonizando el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, va a ser la más cara de la democracia. Sánchez anuncia subidas de gasto social coreado por todos sus ministros y en especial, por la titular de Hacienda. “Este país no puede estar en parálisis institucional”, argumenta María Jesús Montero y señala que hasta el fin de la legislatura "todos los Consejos de Ministros van a estar cargados de medidas que permiten mejorar la vida de las personas. Estén atentos los viernes. Las ruedas de prensa van a ser sustanciosas".

Así que…manos a la obra…porque nunca antes se había hecho uso de la acción de Gobierno con tal energía y exprimiendo la vía del decreto, una opción reservada para asuntos urgentes, sobre todo, cuando las Cortes están a punto de ser disueltas y queda en funciones la Diputación Permanente.

Las cantidades de dinero anunciadas en esos sustanciosos Consejos de Ministros no son nada desdeñables. Por ejemplo, y teniendo en cuenta, eso sí, que es un plan a largo plazo, el Gobierno ha aprobado el paquete de energía y clima para frenar el cambio climático de aquí a 30 años. Este paquete contempla inversiones por 237.000 millones hasta 2030, de los que 47.000 millones corresponderán a inversión pública estatal, autonómica y local.

La campaña electoral de Pedro Sánchez va a resultar la más cara de toda la democracia

El Ejecutivo quiere poner en marcha, además, un plan de subvenciones al sector del automóvil con un presupuesto cercano a los 2.700 millones.

Pero en concreto y a lo que al gasto social se refiere, tenemos el subsidio para parados mayores de 52 años, las cotizaciones de cuidadoras no profesionales de dependientes con cargo a las Administraciones Públicas e igualar los permisos de maternidad y paternidad, en los próximos dos años. El coste estimado de estas medidas se acerca a los 1.000 millones, según cálculos del propio Gobierno que baraja más iniciativas de este tipo, que sirven para rescatar las que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado, como es el incremento de las becas escolares por más de 160 millones o la supresión del copago farmacéutico a jubilados y familias de rentas bajas, lo que supondría dejar de ingresar cerca de 300 millones.

Será Hacienda, no obstante, el ministerio que decida si se deben aprobar o no y a pesar de que, el propio ministerio ya ha advertido de que serán necesarios ajustes adicionales para cuadrar las cuentas cuyo desfase alcanzará el 2,4% y puede escalar hasta el 3%, línea roja marcada por la Comisión Europea, si el derroche electoral se cronifica.

Pero sobre Hacienda ha pesado lo dicho por Económia respecto al decreto de vivienda y alquiler. Nadia Calviño ha impuesto su criterio y ha evitado que se fijen límites al alquiler en el decreto sobre medidas urgentes de vivienda y alquiler.

El Ejecutivo quiere poner en marcha, además, un plan de subvenciones al sector del automóvil con un presupuesto cercano a los 2.700 millones

Y todo esto, se ha llevado al último Consejo de Minisrtos, tras mantener la ‘tensión y el suspense’, y después de llegar a un acuerdo con Podemos el pasado jueves por la mañana y con PDeCAT y PNV por la tarde. Por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido los 33 votos que necesitaba en la Diputación Permanente para aprobarlo.

Este decreto es el mismo que tumbó Podemos en el Congreso y que ahora resucita justo cuando empieza la campaña electoral para las elecciones generales, municipales y autonómicas de abril y mayo. Y aunque no regula la limitación de las subidas de precios, como reclamaba Podemos, el texto vincula las subidas de rentas al IPC durante la duración de los contratos, que se amplían de tres a cinco años. 

Así que estamos en pleno festín electoral del que se ha contagiado y al que se ha sumado el PP. Su líder, Pablo Casado, acaba de anunciar una “revolución fiscal”, cuando llegue al Gobierno, y "bajar todos los impuestos". Anuncios que muy poco tienen que ver con la disciplina fiscal que han venido abanderando los ‘populares’  cuando han estado en la oposición.

En concreto, "nada más llegar", Casado asegura que bajará el tramo más alto del IRPF por debajo del 40%, el impuesto sobre Sociedades por debajo del 20% y suprimirá sucesiones, donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados.

Pablo Casado acaba de anunciar una “revolución fiscal”, cuando llegue al Gobierno, y "bajar todos los impuestos"

¿Cómo compensar toda esta batería de bajada de impuestos? Pues con el aumento ya previsto de 20.000 millones en la recaudación tributaria. Además, se podría sustentar con la simplificación de tramos, la ampliación de bases imponibles, la afloración de economía sumergida y poder competir para captar empresas tecnológicas desinteresadas por el Reino Unido tras el Brexit. 

Los expertos advierten, sin embargo, del peligro que puede suponer reducir los ingresos del Estado en plena senda de reducción del déficit.