Al Gobierno le ha caído una nueva colleja, y van unas cuantas ya, de la Comisión Europea. Bruselas reprocha a España el elevado nivel de deuda pública y solicita a Pedro Sánchez que mantenga buena parte de la reforma laboral. Pide al Ejecutivo que, antes de desmontar la actual normativa, evalúe de forma cuidadosa el impacto de los posibles cambios. En lenguaje llano viene a decir Bruselas que tenga cuidado con lo que deroga, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. No vaya a ser que baje la creación de empleo y suba el paro.

Europa considera además que la economía española es vulnerable con un 96% de deuda pública sobre el PIB. Y afea al Ejecutivo que no avance en la reforma de las pensiones y tampoco en la reforma del sistema tributario.

Y, hablando del sistema tributario, no me puede resistir a comentar que es, en esto de los impuestos, donde la ministra Mª Jesús Montero se ha colocado el traje de camuflaje. La titular de Hacienda mimetiza la recaudación fiscal con la lucha contra del cambio climático como si Hacienda, que somos todos, fuera ‘verde’. El camaleón de las medidas es la mascota oficial de los políticos porque ahora el Gobierno necesita dinero y la tasa Google y la tasa Tobyn no son, ni mucho menos, suficientes. Así que Montero se agarra al discurso ecologista y prepara nuevos tributos en el uso de los plásticos y nuevas tasas para los viajes en avión. Todo esto, cuando los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional andan por España supervisando cifras y cuando el coronavirus ha llegado como un cisne negro a la economía.

La Comisión Europea recuerda al Gobierno que la reforma aprobada entre los años 2012 y 2013 “ha jugado un importante papel promoviendo una recuperación en creación de empleo

Pero de vuelta al desmontaje de las medidas económicas estrella del Gobierno que suele hacer Bruselas, que no ha sido tan recatada esta vez, dice la Comisión que en el caso de las pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los mayores, incluso por encima de lo que cotizaron, supondrá cargar este coste sobre los jóvenes. De ahí que Bruselas haya demandado medidas compensatorias que permitan repartir los costes entre generaciones. “En ausencia de medidas compensatorias, el significativo incremento del gasto en pensiones en el medio y largo plazo deteriorará la equidad intergeneracional”.

Estima, además, que la revalorización de las pensiones con el IPC elevará el gasto en pensiones en unos cuatro puntos del PIB hasta 2050. Si se tiene en cuenta el PIB actual, esto significaría un aumento del gasto de casi 50.000 millones de euros en las próximas tres décadas. Para empezar, supone, por ejemplo, el doble de la recaudación que genera todo el impuesto sobre sociedades.

Y sobre la reforma laboral, Comisión ha recordado al Gobierno que la reforma aprobada entre los años 2012 y 2013 “ha jugado un importante papel promoviendo una recuperación rica en creación de empleo”. De ahí su preocupación por que el Ejecutivo vaya a tocar algo que, según sus cálculos, está funcionando.

Una opinión que, por cierto, comparte también el FMI. Todavía está por determinar cuál fue el impacto de la reforma laboral sobre el empleo y la distribución de la renta, sobre todo porque el ciclo económico no se ha cerrado y es imposible anticipar cómo se va a comportar el empleo cuando se pase de la expansión a la desaceleración.

“En ausencia de medidas compensatorias, el significativo incremento del gasto en pensiones en el medio y largo plazo deteriorará la equidad intergeneracional”, asegura Bruselas

Pero el Fondo Monetario Internacional se moja al respecto y, en este punto, una investigación elaborada por Ara Stepanyan y Jorge Salas  concluyen que: "Las reformas laborales de 2012 ayudaron a mejorar el empleo y la igualdad de ingresos sin un impacto sustancial en el riesgo de pobreza general".

Entre los aspectos más importantes de la reforma laboral, el Fondo señala precisamente aquellos que el Ministerio de Trabajo quiere derogar en los próximos dos meses. La prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la flexibilización de los descuelgues de convenio son algunos de los principales puntos de la reforma laboral que ayudaron a mejorar la flexibilidad para las empresas, explica el organismo. Todos ellos serán derogados o revisados en las próximas semanas. Esa es la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz