(Oído en radio, visto en TV) Isabel Díaz Ayuso (COPE): “Estamos en el mes negro de la democracia española, no hemos vivido algo así desde la dictadura”

En la COPE, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) ha dicho que “estamos en el mes negro de la democracia española, no hemos vivido algo así desde la dictadura”, refiriéndose a todos los cambios que está llevando a cabo el Gobierno para favorecer a sus socios que lo mantienen en La Moncloa.

Recuerda Ayuso que “Sánchez está haciendo todo lo contrario de lo que dijo al electorado” enumerando algunas de ellas como cuando “dijo que no quería pactos de los partidos políticos con los jueces, y ahora lo que está haciendo es cambiar esto”. Subraya la presidenta de la Comunidad de Madrid que es Sánchez quien “los pone, él se ha convertido en la Ley, ahora mismo no hay separación de poderes y lo que quiere es que haya Tezanos en todas las instituciones”.

Ha mencionado también lo que está haciendo el Gobierno con el CGPJ y resalta que “lo que quieren es blindarse ellos y quieren a la oposición, al adversario, fuera y si puede ser en la cárcel, mejor.”

Considera Ayuso que todo lo que estamos viviendo, a lo que hay que añadir “un cambio de modelo territorial” nos va a llevar a “vivir en el año 2023 cosas que nos parecían impensables”.

La semana pasada conocíamos la noticia de que el PSOE expulsaba de su partido a Joaquín Leguina de su partido. Algo que califica Ayuso como “un aviso a navegantes dentro la casa, es decir, ha sido capaz de acabar con el único presidente que han tenido al frente de la Comunidad de Madrid”, por lo que se pregunta “¿qué no hará con concejales, alcaldes y el resto de candidatos en el 2023?”. E insiste la presidenta de la Comunidad de Madrid “esta ejecución enseña la puerta a todos los demás”.

En Onda Cero, Marta García Aller criticaba la maniobra del Gobierno para reformar la malversación y beneficiar a los procesados independentistas, y las consecuencias no deseadas de la reforma del Código Penal imposibles de justificar: "No parece casualidad que sea en precisamente en el viernes del puente, aprovechando que España estaba de fiesta, que se han amontonado una ristra de reformas legales de última hora a las que es fácil perder el hilo.

Con esto cuenta el Gobierno. Con que la reforma de los delitos de sedición y malversación se vayan olvidando, igual que de los riesgos de reducir a mayoría simple la renovación de los magistrados del Constitucional. Es verdad que se está desbloqueando con esta maniobra el órgano de gobierno de los jueces, sí, pero también lo está manoseando de manera peligrosa la separación de poderes.

El Gobierno dice que quiere sacar la confrontación de los juzgados, pero lo que está sacando es el debate del Parlamento. De aquí al jueves espera que se aprueben todas estas enmiendas y no va a dar tiempo a analizarlas. En tanta reforma legal exprés, tampoco hay rastro de los informes preceptivos del Consejo de Estado ni de tiempo para revisar bien la letra pequeña y la técnica jurídica. Y luego, claro, llegan las consecuencias no deseadas imposibles de explicar. En el caso de la enmienda para la malversación, además, ni siquiera es fácil explicar las consecuencias sí deseadas.

La consecuencia no deseada de reformar la malversación es que abra la puerta a que salgan corruptos de la cárcel que nada tienen que ver con el procés. Pero, claro, la deseada, la que ya nadie oculta, ni siquiera el Gobierno, es despenalizar el desvío de dinero público para beneficiar a los del procés. A ver como explicas esto desde una perspectiva de izquierdas y de redistribución de la riqueza. Pues no se puede, claro. La alternativa es enterrarla en una maraña de cambios legislativos para despistar. Y no cuela. Mira que ha sido largo el puente, pero no lo suficiente".

En Onda Cero, Carlos Alsina afirmaba: "Este fin de semana han quedado confirmadas todas las intenciones. La intención de disculpar la sedición, enterrándola. La intención de abatarar la corrupción, diluyéndola. La intención de resolver, tirando de ingeniería penal, la carga que arrastran, por haber hecho lo que hicieron, cargos relevantes de Esquerra Republicana que aún no han sido juzgados. Treinta y tantos.

Políticos resolviendo la situación penal a otros políticos. Éste, en última instancia, es el caso.

Y como ayer decía la crónica del El País, por supuesto que el motivo de todo esto no es jurídico. Qué va a serlo. Y por supuesto que es político: beneficiar a unos cuantos políticos. Políticos beneficiando a otros políticos.

He dicho intención pero en breve será ya un hecho. Por la vía de urgencia, esta misma semana. Cuatro años gobernando y ahora le queman a Sánchez las prisas. Sin que digan ni media los órganos consultivos y sin más debate que el que tenga Sánchez consigo mismo".

En la COPE, Carlos Herrera ha recordado "el camino que nos ha traído hasta aquí. Primero indultar a los golpistas, después deshacer el delito de sedición, reducir la malversación para favorecer a unos individuos y, lo más grave, cambiar las normas para elegir miembros del Tribunal Constitucional. Eso es un asalto en todo el sentido de la palabra, lo que le piden para mantenerle en el poder lo concederá. Todo para complacer a golpistas"

"¿Qué más hay en el horizonte? Cualquier cosa, menos una España como la que conocemos. Con una acción que todavía es más grave, que es romper los consensos a los que obliga la Constitución. Al TC este individuo le ha negado valorar los nombramientos del Gobierno. Al que quieren renovar por sextos y no por tercios, como dice la Constitución.

Todo ello con una adecuación calendaria. Esto se anuncia el día del partido de España en el Mundial, se presenta durante el puente y calculan aprobarlo el día de la Lotería Nacional, para ver si así camuflamos todo este asalto. Y los españoles, ¿qué dicen? ¿Hasta cuándo van a seguir tragando? ¿Qué más hace falta? Todo con prisas para tener manos libres en el año 2023. Es muy difícil saber cómo va a acabar todo esto porque Sánchez está desatado y tiene el conocimiento de que todo esto no tendrá consecuencias en las elecciones de mayo.

¿Hoy qué presentan? Una enmienda transaccional para crear un nuevo delito de malversación. Es decir, que el dinero presupuestado para contratar profesores o médicos acabe destinado a comprar unas urnas de plástico, solo se podrá castigar con 4 años de cárcel, uno más de lo que pide ERC, pero 6 menos que ahora. Eso se empieza a discutir ya, esta tarde, en el Congreso. Lo que empezó con la derogación de la sedición ha terminado siendo un coladero de cambios en leyes orgánicas. Vamos a ver si somos capaces de entrever los planes de un individuo que en una semana ha puesto en marcha todo un programa delirante y lleno de traición contra la democracia española".

En RNE, la ministra portavoz el Gobierno, Isabel Rodríguez ha apuntado: "Como en la oposición no hay ninguna propuesta al país, solo ataques al Gobierno, nosotros no consideramos estos anuncios".

Sobre el cambio en las mayorías para elegir al CGPJ: "Estamos trabajando para que no se puedan producir estos bloqueos".

"Es necesario dar una solución a lo que hoy es un problema. El Gobierno está haciendo lo que debe [...] y la oposición debe desbloquear el Consejo General del Poder Judicial".

Estamos trabajando para endurecer y contemplar aquellas cuestiones que devienen de actitudes corruptas y que no estaban penalizadas".

En la SER, Ángels Barceló opinaba así: "Hoy los partidos que forman el Gobierno de coalición van a presentar su propia enmienda a la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña que, entre otras cosas, prevé que la reforma afecte a los líderes del procès, pero menos. Es decir, rebaja las penas, pero ninguno de los casos que les afectan quedarían impunes. Esta es la matización, aunque incluso con ella, el gobierno es consciente del riesgo que asume, el propio Pedro Sánchez lo explicó ayer en Barcelona, porque se cuente como se cuente, y hay que contarlo muy bien, es evidente que esta es una reforma pensada, precisamente, para los líderes del procès.

En esto está ahora mismo la política española y en los gestos inútiles que solo sirven para aumentar la crispación y el volumen de los decibelios. Gestos como el de ayer, protagonizados por el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, y la, de momento, líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que con su partido a la deriva, y en la senda de la desaparición, no tuvo pudor en aparecer en ese acto en defensa de la Guardia Civil en Navarra. Y los dos pidiendo una moción de censura contra Pedro Sánchez.

No llega tan lejos el PP, se queda Feijóo en la petición de un adelanto electoral, volviendo a esgrimir la ilegitimidad del actual Gobierno. Viejos argumentos para unos tiempos que necesitarían de tranquilidad y entendimiento para enfriar un ambiente excesivamente caldeado. Pero ya no quedan puentes por los que transitar. Cada uno a lo suyo, pero, mientras tanto, ¿quién se encarga de lo nuestro?".

Pedro Sánchez ha anunciado que antes de final de año habrá nuevas ayudas para las familias con menos recursos ante el alza de los precios de los alimentos. RNE analiza las distintas posibilidades que hay sobre la mesa con Antonio Cunyant, profesor colaborador de los estudios de Empresa y Economía de la Universidad Obberta de Catalunya, que considera que tendrían que ser medidas dirigidas directamente a la población más vulnerable porque “medidas generalizadas como la rebaja del IVA no funcionan y además de ser ineficientes, son inequitativas.” Y asegura que el problema se encuentra en la burocracia y el diseño de estas medidas tiene que ser “rápido y quirúrgico.” Sobre los cheques directos, Cunyant avisa con los requisitos. Él apuesta por fomentar la transparencia y la competencia para el consumidor.