El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que prohibirá nuevas amnistías fiscales con un anteproyecto de ley para luchar contra el fraude fiscal, recoge RTVE.

Sánchez ha explicado que la sentencia "durísima" del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal del Ejecutivo del PP se pronunciaba expresamente sobre la irretroactividad de la misma lo que impide publicar la lista de contribuyentes que se acogieron a ese procedimiento extraordinario de regularización.

"No podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar nuevas amnistías", ha resaltado el jefe de Ejecutivo, cuyo anteproyecto de ley de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, además de prohibirlas, actualizará la lista de paraísos fiscales.

El jefe del Ejecutivo ha detallado que también se incluirá en la lista de morosos a las personas responsables solidarias de esa morosidad. En resumen, Sánchez sostiene que España debe tener "un sistema fiscal de primera no de tercera".

Acerca del impuesto de Sociedades, Sánchez ha indicado que pretende que "los grandes conglomerados empresariales paguen un tipo efectivo que no esté por debajo del 15%", ya que "no puede ser que las grandes empresas paguen menos que las pymes".

El líder socialista además ha confirmado que, tras adaptar el objetivo de déficit a la evolución de la economía española, las comunidades autónomas tendrán dos décimas más, así su límite de déficit sube del 0,1% al 0,3% del PIB lo que supone que las CC.AA. dispondrán de unos 2.400 millones de margen fiscal.

Sánchez ha anunciado además que aprobará un plan de choque para frenar el elevado paro juvenil y promover el empleo entre los jóvenes, con el impulso del contrato de relevo y prácticas y nuevos instrumentos de políticas activas y formación para los jóvenes

"Habrá una nueva regulación de programas para los becarios y se creará por primera vez un Estatuto del Becario", ha dicho tras insistir en que la nueva regulación quiere acabar con las malas prácticas en los contratos para los jóvenes.

Asimismo, el presidente del Gobierno también se ha comprometido a derogar el artículo del Código Penal 315.3 que castiga con penas de hasta tres años a aquellos que coaccionan en una huelga y "persigue los delitos relacionados con la libertad sindical".