La sinvergonzonería de la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional que dirige el también sanchista Cándido Conde-Pumpido ha quedado una vez más de manifiesto al exonerar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (del PSOE) parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación en el caso de los ERE de Andalucía, el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia española que ocurrió bajo mandato socialista y por el que se desviaron ilegalmente 680 millones de euros destinados para los parados por parte de la Junta de Andalucía.

Además, la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional también ha estimado parcialmente el recurso del también expresidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, a quien se le anula la condena relativa a la malversación de caudales públicos y por la que fue condenado a penas de 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años y 2 días. 

La ponente de la sentencia, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, ha considerado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal recogido en el artículo 25.1 de la Constitución Española y a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE) de Manuel Chaves, por lo que reduce a la mínima expresión su condena y ordena a la Audiencia de Sevilla que redacte una nueva sentencia en la que sólo podrá sancionar la presunta prevaricación cometida entre los años 2000 y 2001. 

Mientras que en el caso de Griñán, la ponente estima parcialmente su recurso y considera que  se vulneró su derecho a la legalidad penal. Y le llega a decir al Tribunal Supremo que su fallo «carece de de todo soporte constitucional». 

Como siempre, la sentencia ha sido avalada por los siete votos de los magistrados sanchistas frente a los cuatro independientes (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel), que han anunciado votos particulares en contra. 

Cabe recordar que algo similar hizo recientemente la mayoría sanchista del TC con la exministra socialista Magdalena Álvarez, a la que anuló la condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el denominado 'caso ERE', que había sido conformado por la Sala Penal del Tribunal Supremo. 

No es de extrañar que, en declaraciones a La Razón, fuentes del Supremo vean una «invasión del principio de legalidad», reprochen al tribunal que preside Conde-Pumpido que actúe como «una segunda instancia» y califiquen esta actuación de la mayoría sanchista del TC como "gravísima".  «¿Cómo nos va a decir a nosotros el Tribunal Constitucional cómo se interpreta la prueba?», se preguntan sorprendidos.

Así las cosas, el prestigio del Tribunal Constitucional ha vuelto a caer por los suelos. Sería deseable para el prestigio de las instituciones democráticas españolas que un tribunal de tanta importancia como el Constitucional estuviera libre de cualquier sospecha de parcialidad.

Porque desde que el Sanchismo se hizo con su control -bajo el paraguas además del presidente, Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado bajo gobierno socialista de Zapatero, desde 2004 a 2011-, este tribunal no ha hecho sino avalar todas las leyes socialistas, pasadas (la del aborto de Zapatero) y recientes (eutanasia, Ley Celaá, etc.).