El Tribunal de Cuentas lo dice bien claro en su último informe: el sistema público de pensiones no es viable. Las cuentas no salen: mientras el gasto medio anual por pensionista ha aumentado un 18,73% desde 2010, el ingreso medio por afiliado ha caído un 1,28%. Y la tendencia sigue siendo suicida: en julio, la Seguridad Social destinó 9.882,6 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 2,28% más que un año antes.

El sistema no es sostenible, por mucho que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegurara el jueves pasado, tras la publicación del informe, que las pensiones “pueden mantener su poder adquisitivo indefinidamente sin ningún problema”. Una petición, don José Luis: además de mentirnos, por favor, no nos tome por idiotas.

El sistema es inviable y actualmente sólo se sostiene gracias al endeudamiento del Estado, es decir, de todos los contribuyentes, lo que no deja de ser una huida hacia delante que termina en el precipicio.

La situación es muy grave pero el Gobierno no sólo no lo reconoce, sino que niega la mayor, a pesar de las múltiples advertencias lanzadas por organismos como el Banco de España, la OCDE, el FMI y el citado Tribunal de Cuentas.

Las soluciones son conocidas: aumentar -de verdad- la edad de jubilación hasta los 70 años, favorecer el empleo anulando las cuotas sociales (y sustituirlas por el IVA) y, lo más importante de cara al futuro, incentivar la natalidad instaurando el salario maternal.