En La Rioja han tenido una genial idea para luchar contra el coronavirus: que cada uno apunte, al final del día, con qué personas se ha relacionado durante la jornada. Así, en caso de dar positivo, el rastreo de los contagios sería más ágil. La medida, aplaudida con entusiasmo y que ya se aplica en algunos países, genera algún que otro problema. Por ejemplo, el grado de contacto que hayamos tenido. No es lo mismo saludar sin más a alguien por la calle y a más de metro y medio de distancia y con mascarilla, que tomarnos un café -con mascarilla, naturalmente- en un bar con un grupo de amigos.

Pero el problema fundamental es el de la protección de datos. ¿Qué ocurre si alguna de esas personas no quiere que la Administración, tampoco la sanitaria, sepa que ha estado en contacto con nosotros? Los motivos pueden ser muchísimos y no vamos a entrar en ellos ahora.

Lo que llama la atención es que, mientras se ponen miles de condiciones a la aplicación de rastreo para que respete la privacidad de los rastreados -algo lógico y muy saludable-, se pide a los ciudadanos que se salten todas esas normas y faciliten los datos -nombre, apellidos, móvil…- a las autoridades sanitarias en caso de contagio.

¿Qué ocurre si alguno de los miembros de la lista no quería que diéramos sus datos y nos denuncia? ¿No deberíamos pedirles permiso?

Nos hemos pasado años y años exigiendo privacidad en internet y ahora, de un plumazo, nos disponemos a renunciar a todas esas normas sin poner la más mínima objeción. Es más, proporcionar esa información no sólo puede ir en contra de la privacidad de los afectados, sino que es un ejercicio de “colaboración, responsabilidad y civismo ciudadano”, como señaló el sábado la consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba. Al parecer, todo vale si es en nombre de la salud.