Sr. Director:
No se entiende muy bien la opacidad en la que se diluyen los delitos de quienes atentan contra la salud de los ciudadanos, entre otras razones porque hay que pensar que el derecho a la salud está por encima del derecho a la protección de datos, sobre todo si el sujeto está poniendo en peligro a la mayoría que sí cumple las normas para evitar contagios.
Cada día, fundamentalmente los fines de semana, hoy mismo se han producido la noticia de sucedidos en múltiples ciudades, saltan a los medios titulares que informan de la celebración, detectada por la policía, de cientos de fiestas, reuniones clandestinas y botellones.
Habitualmente lo único que llega a la opinión pública es un número, más bien escaso, de identificaciones de los transgresores y algunas detenciones en casos esporádicos en los que ha habido resistencia a la autoridad. Y ahí acaba toda la noticia.
Se supone que ha habido más detenciones; se supone que se ha identificado a la gran mayoría de los presentes; se supone que se han producido comparecencias ante el juez; se supone que se habrán impuesto multas; se supone que algunos de los infractores habrán sido acusados de delitos perfectamente tipificados; se supone que se han cerrado y multado los locales que albergaban esos saraos ilegales; incluso se supone que se han detectado reincidencias. Pero nada de eso se sabe y mucho menos se conocen las identidades de los sorprendidos por la policía. También cabe suponer que la razón está en la protección de datos.
