Sr. Director:
Un grupo de derechos humanos de la ONU criticó a varios estados de los EE. UU. por haber declarado que el aborto es un servicio no esencial durante el cese de labores de esta semana, causado por la covid-19, declarando, a su vez, que “el aborto seguro y legal” es un componente clave de los “servicios de salud sexual y reproductiva”. El grupo también denunció una reciente carta del encargado de la agencia de asistencia extranjera de los EE. UU., en la que apelaba por la remoción de “salud sexual y reproductiva” de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud.
La declaración provino del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los EE. UU. se retiraron del Consejo en 2018. La declaración fue luego apoyada por relatores especiales de la ONU cuyos mandatos cubren la salud de las mujeres y la violencia contra ellas. Estos son parte de los Procedimientos Especiales de la ONU.
La carta de John Barsa, director en ejercicio de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional(USAID, por sus iniciales en inglés), estaba dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y lo instaba a asegurar que la ONU “seguirá enfocada en intervenciones que salvan vidas” y no promoverá el aborto.
En respuesta, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, insistió en que “cualquier sugerencia de que estamos usando la pandemia de la covid-19 como una oportunidad para promover el aborto es incorrecta” y que, al tiempo que apoyan el cuidado de salud que salva vidas, “no buscamos pasar a llevar ninguna ley nacional”.
La carta de la USAID provocó una fuerte reacción de parte de grupos proaborto. El Grupo Interagencial para la Salud Reproductiva durante Crisis, cuyo comité dirigente incluye varias agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un comunicado diciendo que el grupo “aplaude a la ONU, los gobiernos, los donantes y todos los defensores de la salud que se han comprometido con la inclusión de los servicios [de salud sexual y reproductiva], incluidos la contracepción y el acceso a cuidado abortivo seguro al grado máximo que permite la ley”.