El Ejecutivo ya tiene preparado el borrador del proyecto de Real Decreto que regulará la "igualdad retributiva entre mujeres y hombres" y que vendrá impuesto por los ministerios de Trabajo e Igualdad de Yolanda Díaz e Irene Montero. 

El texto, consultado por El Español, ya está siendo sometido a audiencia pública. En él se da forma a la obligación de las empresas de crear registros retributivos, se fuerza a hacer auditorías retributivas en el plazo de un año una vez se aprueben los planes de igualdad y a establecer sistemas de valoración de los puestos de trabajo para evitar la discriminación por género.

Todas las empresas deberán tenerlo. Para aquellas que cuenten con menos de 10 trabajadores, se permitirá el tener un "registro simplificado".

Mientras, las empresas obligadas a elaborar un Plan de Igualdad -esto es, aquellas que tengan más de 50 trabajadores, según la normativa vigente- deberán hacer una auditoría retributiva externa con las indicaciones que fije el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que elaborará una 'Guía Técnica' que servirá de base para establecer ese registro. Por supuesto, las auditorías las pagará la empresa, en vez de encargarse los inspectores de trabajo de la administración pública. O sea, que los empresarios tendrán que asumir más costes y más burocracia. 

El Real Decreto persigue poner el foco en "factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas".