El Mundo acusa a los populares Pedro Gómez de la Serna (diputado) y al embajador en la India, Gustavo de Arístegui, de realizar negocios de consultoría (de consecución, digamos) en el exterior para lucrarse. Al mismo tiempo, El Confidencial recuerda que los documentos robados en el despacho del ex presidente socialista Felipe González se refieren a sus negocios, lo que le tiene "muy preocupado". Y ya puestos, por todo Madrid corre la especie de que González habría cobrado 2 millones de euros por trabajos de "consultoría", mientras el ex ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, habría obtenido 800.000 euros por trabajos de asesoría de empresas, en Cuba. De entrada, no sabemos si alguna de las cuatro acusaciones, la de los populares y las de los socialistas, son ciertas o falsas. Y la verdad, poco importa. Los españoles estamos cansados de denuncias de corrupción que se realizan, no para sanear el país sino para ser utilizadas como instrumentos de poder periodístico o sencillamente del filtrador contra el filtrado en sus quehaceres. Y tampoco me importa si es ilegal. En tal caso, me preguntaría si es moral que un ex presidente, un ex ministro o un diputado o un embajador utilicen sus contactos, o sus antiguos contactos, para utilizarlos como consultor. Lo que sí sé es que si las denuncias de corrupción no tratan de mejorar la sociedad sino que se hacen contra alguien, por el deseo de tumbarle, entonces sirven para bien poco y encima se retuercen como una viruta. Al final, no sabes de qué es culpable el acusado: sólo sabes que lo tiene claro. O no, porque el cansancio sobre las acusaciones de corrupción es cada vez mayor. Y por último: la corrupción política española es directamente proporcional a la corrupción social. Hispanidad redaccion@hispanidad.com