Jon Iñarritu, diputado de Bildu
En la respuesta escrita, el Ministerio del Interior detallaba que iba a distribuir cerca de 1.200 pistolas eléctricas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Ante ello, el Sindicato Unificado de Policía respondió a dicha información invitando (sic) al diputado vasco a “hacerle una demostración de estas armas e incluso a “probar sus efectos”.
Si el #diputado @JonInarritu de la formación @ehbildu quiere saber el funcionamiento y lesividad de la #TaseryExtensibleYa, estamos encantados de invitarle a una demostración e incluso a que pruebe sus efectos como hizo el periodista de @informativost5 pic.twitter.com/1kyqRtrvSj
— SUP (@Sup_Policia) April 12, 2020
Así lo publicaron, añade EHBildu, en su cuenta oficial de Twitter: "Si el diputado Jon Iñarritu quiere saber el funcionamiento y lesividad de las pistolas taser, estamos encantados de invitarle a una demostración e incluso a que pruebe sus efectos como hizo un periodista".
EH Bildu considera "inaceptable e inaudito que el diputado Iñarritu haya sido amenazado en redes sociales por pedir explicaciones al Gobierno sobre el uso de las pistolas Taser y registrar preguntas parlamentarias al respecto”. Es decir, la invitación (que sí aceptó un periodista) la convierten en una amenaza.
‼️ Solicitamos amparo al Congreso ante las amenazas del sindicato policial SUP al diputado @JonInarritu por preguntar al Gobierno sobre el uso de las pistolas taser.
— EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) April 14, 2020
? El ministro Marlaska debe comparecer para informar de las medidas que va a adoptar.
?https://t.co/gaTJiXtMUX pic.twitter.com/EdEAlH2Dwy
EH Bildu cree necesario que la “Presidencia del Congreso se pronuncie al respecto para que sus derechos como parlamentario no se vean vulnerados”. Solicitan el amparo de la Cámara y la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “ante las reiteradas amenazas públicas realizadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que no detallan.
Insisten en que se trata de un hecho de “suma gravedad” amenazar a un representante público con el uso de un arma con total impunidad. “Si, además, la amenaza procede de miembros de las FCSE, creemos que el hecho es aún más grave”.