Ha activado la artillería municipal contra los pisos turísticos (¿en beneficios de las grandes cadenas hoteleras?, se preguntas los propietarios)… mientras entiende, con  cálida condescendencia, a los okupas del barrio de Grácia. Y así se entiende que la alcaldesa podemita de Barcelona, Ada Colau (en la imagen), sea un azote de los pisos turísticos o las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb o Homeaway, pero que se mantenga al margen de la okupación de un local, como en el caso del autoproclamado Banco Expropiado, en el barrio de Gràcia. Doble moral al interpretar la ley, pero que coincide en lo mismo en los dos casos: el olvido de los propietarios de las viviendas. En el primer caso, está claro. Castiga con multas de hasta 6.000 euros para combatir el problema que ha creado el propio ayuntamiento, tras limitar la oferta de estos pisos con la excusa de las protestas vecinales. Al limitar la oferta, brotan los pisos turísticos ilegales. España es así. Y en el segundo caso, más paradójico, también se olvida del propietario. Ahí, la importancia no está tanto en el derecho a la propiedad como en el uso que se haga de ella, aunque sean okupas. Y por eso no vaya a hacer nada contra ellos. Es más, ese colectivo tiene "reivindicaciones legítimas" -dice el Ayuntamiento- y por su alcaldesa está "a la expectativa de que se consolide el proyecto". Lo demás, "el uso que se dé a un local vacío, no incumbe al Ayuntamiento". Hispanidad redaccion@hispanidad.com