El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha presentado lo más parecido a un informe anual sobre la actividad del regulador bursátil. 2020 será su último año de mandato y, no es que le preocupe mucho, pero ya se ha encargado de recordarle al Gobierno que la ley le permite otro nuevo mandato de cuatro años. 

Los reguladores tratan de minimizar el riesgo, pero esa no es su función. Su función es el juego limpio y proteger al pequeño inversor

La verdad es que la 'legislatura' se ha caracterizado por dos cosas, a cual más preocupante. La primera, por sus increibles cambios de parecer desde que era socio director de Linklaters hasta la presidencia de la CNMV. Ejemplo, cuando su cliente era el Banco Popular, alabó la ampliación de capital, trascendental ampliación de 2016. Sin embargo, cuando el Popular cayó se convirtió en el látigo fustigador de la entidad bancaria, ahora en juicio sumarísimo. Y no es la única experiencia de este tipo. La segunda y más grave carencia de Albella como presidente de la CNMV ha sido su amor por la burocracia. En cuanto se le plantea un desafío te hace un informe, como si la supervisión financiera fuera pedagogía en lugar de inspección y, si es preciso, castigo. 

Y ese espíritu burocrático tiene otra consecuencia: su manía por minimizar el riesgo algo inherente al negocio financiero, de suyo imprevisible, cuando la labor de un regulador es imponer el juego limpio y, sobre todo, proteger al pequeño inversor, al pequeño accionista. 

Y en esa línea, surge un Albella que no responde ni al caso Villarejo y su posible influencia sobre la reputación de firmas cotizadas, como, por ejemplo, BBVA e Iberdrola, tampoco responde al nuevo puesto financiero conocido como la 'tasa tobin', (aunque poco tiene que ver con la verdadera tasa tobin) y tampoco quiere saber nada, o decir nada, de la revolución que ha suscitado la opa lanzada contra Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Parece que lo más importante es no molestar al Gobierno Sánchez que, por pura casualidad, es quien debe ratificarle por otros cuatro años.