Moncloa considera que quien tiene que ordenar su casa es la judicatura
A las 17,30 de este lunes se reúne el presidente Zapatero con Juan José Cortés, el padre de la niña Mª Luz, asesinada en Huelva. Cortés lleva tiempo en una recogida de firmas para pedir el endurecimiento de las penas para los delitos sexuales. Considera que es la única manera de que los casos como el de su hija no se vuelvan a repetir. Él lo tiene claro, pero sobre todo, ha logrado aunar el ánimo de muchos de sus convecinos. Son ya miles las firmas que lleva recogidas por toda España.
No opina lo mismo el Gobierno que siempre ha defendido que los problemas no se encuentran tanto en endurecer las penas en el ámbito legislativo sino en que se apliquen las sentencias impuestas. El problema está en la casa de la judicatura, señalan desde Moncloa. Así que el Gobierno responsabilizará a los jueces de que este tipo de problemas se puedan repetir. Al fin y al cabo, ya se sabe, son casposos y han impedido el progreso de España (De la Vega, dixit).
¿Quién tiene razón? Ambos. Por una parte no tiene sentido que una agresión sexual como la sufrida por la niña Mª Luz sea castigada con 15 años. Sale demasiado barato. Y tampoco está claro el régimen de permisos y remisiones de penas. Nuestro sistema no sólo es demasiado garantista, sino que privilegia la reinserción sobre la protección. Y eso no tiene sentido.
Pero también es verdad que el grueso del problema se encuentra en una Justicia desbordada, aunque el término no termine de gustarle al ministro. Y esta es una responsabilidad de los juzgados, pero sobre todo, del Gobierno, que debe proveer de medios humanos y materiales para que la oficina judicial funcione correctamente. Una justicia lenta no es justicia. Y aquí la pelota está en el tejado del Gobierno.
