Ante el nuevo caso de adopción irregular por parte de un matrimonio de la comunidad valenciana, la Asociación Unidos por la Vida vuelve a reclamar una reforma de la ley de adopción nacional.

Desde la presentación de su Proyecto Adopción en noviembre de 2006, la Asociación Unidos por la Vida viene reclamando a los poderes públicos, tanto central como autonómicos, una regulación urgente de las necesidades y demandas sociales en el campo de la adopción de niños no-deseados.

En palabras de su presidenta, Pilar Gutiérrez, "una gran mayoría de la sociedad, según encuestas recientes, considera incomprensible que los padres que desean adoptar en España se vean impedidos de hacerlo por una normativa obsoleta y deshumanizada y se vean obligados a gastar gran cantidad de tiempo, energía y dinero en adopciones internacionales, mientras más de 100.000 niños son abortados cada año.

Ante esta dejación política, los ciudadanos están optando por buscar soluciones al margen de la ley para subsanar esta grave deficiencia legislativa. Ahora, un nuevo caso de adopción irregular ha saltado a la luz pública, poniendo de manifiesto la demanda social de una reforma de la adopción nacional". "Al mismo tiempo, -continúa diciendo- "llama la atención que el importe de la susodicha 'compra' sea muy inferior a la cantidad que los poderes públicos están 'pagando' a las madres que deciden deshacerse de sus hijos no-deseados, y que nos les paga en ayudas sociales por su embarazo. Podemos decir, pues, que el Estado considera 'legal' pagar por la muerte de un niño pero no por su vida."

La Comunidad valenciana es una de las que más gasta en subvenciones a las clínicas abortistas, cuya supuesta legalidad ha quedado en entredicho tras los escándalos de las clínicas del Dr. Morín e Isadora de Madrid. Y también resulta paradójico que los adoptantes en el extranjero deban gastar sumas muy superiores a 500 euros para adoptar a un niño, si bien los intermediarios sí gozan del reconocimiento y protección legal.

"Todo ello produce un enorme desconcierto y alarma social que está llevando a los ciudadanos más desfavorecidos a actuar al margen de la ley para procurar una solución justa y razonable a los embarazos no-deseados y al problema de la esterilidad", afirma Pilar Gutiérrez.

"El caso de Cullera/Denia probablemente sea sólo un exponente de un problema a mayor escala, como demuestra la existencia de otros dos casos recientes.

Y es lamentable que el gobierno practique una política represiva en lugar de responder al clamor popular por una reforma de la ley que agilice y facilite la adopción de niños no-deseados por parte de padres que tanto lo desean".

Unidos por la vida

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