Si Pedro J. Ramírez quiere reprocharle algo a César Alierta no debería idear tramas judiciales sino fijarse en su desastrosa política laboral.
Hace 10 años Telefónica contaba con 80.000 trabajadores en nuestro país. Hoy, tras prejubilaciones y ERE's la operadora dispone de 40.000 trabajadores. Ahora bien, en 5 años pretenden que sean 25.000. Y los sindicatos aceptan, porque los trabajadores se prejubilan en buenas condiciones, tanto que la compañía ha visto cómo se reducían sus resultados un 12% (beneficio neto semestral de 1.250 millones de euros). ¿Por qué una empresa que gana ese dinero tiene que librarse de personal muy veterano, es decir, formado, cuando en la misma compañía reconocen que, por ejemplo, su red comercial es un desastre? Estamos hablando de una compañía que despide a trabajadores por encima de los 45 años al tiempo que ha renunciado a cualquier actividad que no sea telefonía fija o móvil. No ha creado proveedores de material de telecomunicaciones (una carencia del tejido industrial español más que preocupante), ha renunciado a los contenidos e incluso, en Iberoamérica, huye de la telefonía fija. Más: su inversión en redes es la mínima necesaria para mantener el servicio y la subcontratación se ha convertido en la marca de la casa. Es decir, que César Alierta está destruyendo empleo, creando precariedad en el empleo sin que la cuenta de resultados justifique tal cosa.
Todo esto sí que es una acusación mucho más grave para César Alierta, cuya gestión de recursos humanos es desastrosa, pero seguramente resulta menos impactante informativamente que un presunto escándalo sobre información privilegiada que tiene mucho de artificio.
