Recordarán nuestros lectores que en nuestra edición del pasado martes 2 de noviembre dábamos cuenta sobre las declaraciones realizadas esa misma mañana por el secretario de Estado de Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. MAFO informaba que el Gobierno había emprendido un proceso consultivo del Plan de Lucha Contra el Fraude con ayuntamientos, comunidades autónomas, asesores fiscales, registradores y notarios.
Pues bien, o la consulta ha sido muy rápida o el Gobierno ha decidido cambiar de opinión, pero el cacareado plan de lucha contra el fraude verá la luz en dos semanas. ¿Por qué tanta prisa? Quizás porque la denuncia del presidente de la Organización Profesional de Inspectores Fiscales, José María Peláez, ha urgido al Gobierno. Peláez denuncia la ausencia de voluntad política para combatir el fraude fiscal y muestra su escepticismo sobre el plan del Gobierno.
Solbes responde con la creación de una policía fiscal, que básicamente consistiría en dar más capacidad y medios a la actual inspección que ya denuncia los agujeros negros del sistema: instituciones de inversión colectiva y entidades financieras. Pero convendrán con nosotros en que eso de la "policía fiscal" suena mucho mejor. Ahora sólo hace falta que la voluntad exista. Y desde luego, considerar que "no existen motivos" para que la Abogacía del Estado se persone en el caso de las cesiones de crédito, en el que está imputado Emilio Botín, presidente del Santander Central Hispano (SCH), no parece un buen comienzo. Porque, en concreto, existen 85 millones de razones. Pero la propaganda vence a la política. Y el dinero, también.
