Juana Lázaro y Martínez Robles comienzan una verdadera purga en Hacienda
Fue Enrique Martínez Robles, hoy presidente de la SEPI, entonces secretario de Estado de Hacienda, allá por 1994, quien, al parecer, pidió al entonces director general de la Agencia Tributaria, Abelardo Delgado, que desistiese en los tribunales de la reclamación a La Caixa por el asunto de las primas únicas. Delgado era un socialista confeso, pero honrado. Así que se negó. Fue cesado de forma fulminante y sustituido por Juana Lázaro, ahora convertida en poderosa subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda. Fiel al cargo, y sobre todo a quien le había nombrado, Lázaro se merienda el largísimo expediente en un santiamén y decide que el Estado desista.
Curioso empeño, dado que al tratarse de un presunto problema fiscal (en pocas palabras, disfrazar un producto financiero como producto de seguro, lo que suponía un mejor trato fiscal) el perjudicado era el erario público. Pues bien, el Estado desiste a cobrar. ¿Cuánto? No se tardaría mucho en saberlo. En cuanto el Partido Popular llega al poder, Rodrigo Rato lanza a su secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, contra los socialistas: Costa afirma que el Estado ha perdido unos 1.200 millones de euros (unos 200.000 millones de las antiguas pesetas) en lo que constituyó el primer rifirrafe abierto entre populares y socialistas tras la llegada de Aznar a La Moncloa.
La cosa acabó en que el Gobierno se arrugó. Recordemos que durante la primera legislatura, los populares gobernaban con minoría parlamentaria y necesitaban de los votos de la minoría nacionalista catalana, entonces capitaneada por Jordi Pujol. Total, que los populares dejaron de acosar a los socialistas porque perdía La Caixa. Y La Caixa era para Pujol algo más que una caja, como el Barça es algo más que un club de fútbol. Todo empezó con el ahora recuperado Martínez Robles, conocido entre el cuerpo de inspectores como Martínez Interholce (en alusión a uno de los más vergonzosos, y menos citados, casos de fraude empresarial consentido durante el Felipismo, el de la empresa textil malagueña Interholce), y de Juana Lázaro, que ha arrastrado su leyenda de perseguida por la derecha durante ocho años, tiempo que ahora está dispuesta a recuperar con celeridad y eficacia.
Es necesario, asimismo, citar al candidato socialista al Europarlamento, José Borrell, quien se vio obligado a dimitir cuando sus dos hombres de confianza, José María Huguet y Ernesto Aguiar, responsables de Hacienda en Cataluña, que imponían su ley en el fisco catalán y que eran el verdadero terror de los inspectores, protegían a determinados grupos empresariales mientras se ensañaban con otros que no gozaban de su favor. Borrell tuvo que dimitir como líder del socialismo español tras hacerse públicas unas ligazones entre los tres componentes del trío que, incluso, llevó al hoy candidato a adquirir un apartamento junto a Aguiar y Huguet. Amigos y vecinos.
Eran los tiempos de los escándalos de corrupción en cadena, el momento álgido de Felipe González en el poder, cuando se contaba el viejo dicharacho del inspector de Hacienda que aparecía en el despacho del ministro del ramo, Carlos Solchaga:
-Ministro, hemos descubierto a un periodista que defrauda.
-¡A por él! –respondía Solchaga.
Al poco tiempo volvía el subalterno:
-Perdone ministro, que no era un periodista, sino su editor.
-¡Ah!, eso es distinto, deja el expediente sobre mi mesa, que ya te diré algo.
Dicharacho que podríamos elevar de anécdota falsa a categoría real, porque Martínez Robles y Juana Lázaro se despidieron de sus cargos con una inspección que alcanzó, pura casualidad, naturalmente, a un grupo de periodistas simpatizantes de la causa popular.
No es el único ejemplo de cómo los socialistas entienden la labor hacendística. También desistió el PSOE de amedrentar al Banco Santander con las cesiones de crédito. También entonces la abogacía del Estado, por orden del entonces ministro de Hacienda, el precitado Carlos Solchaga, y con la aquiescencia de su sucesor en el Departamento de Economía, Pedro Solbes, hoy de nuevo al frente de la economía española, los abogados del Estado desistían de pelear en los tribunales contra Emilio Botín, a pesar de que las cesiones de crédito practicadas por la entidad eran un producto fiscalmente opaco (al menos, presuntamente) y que, por tanto, el perjudicado era el erario público.
Durante la etapa popular, el Gobierno Aznar no movió ficha en este asunto, quizás porque el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, cometió el error de convertir en su mano derecha a Fernando Díaz Yubero, en calidad de director general de Gestión Tributaria. Eso sí, ahí el PSOE, y luego el PP, y siempre Emilio Botín, se topó con una juez, de nombre Teresa Palacios, que ha luchado con todos (Hacienda y el Ministerio Fiscal, por ejemplo) para continuar con el caso de las cesiones de crédito. El PSOE no dijo esta boca es mía, y sólo Iniciativa per Catalunya y la Asociación de Defensa del Inversor y Rafael Pérez Escolar mantuvieron encendida la llama. De ser por el PSOE (y en este caso, también por el PP), el asunto habría quedado muerto y habría sido abandonado al prescribir el delito.
Además de esta política fiscal que podríamos definir como fuerte con el débil y débil con el fuerte, ahora renacida tras el regreso del PSOE al poder, los hombres de Solbes y Miguel Ángel Fernández Ordóñez están perpetrando una verdadera purga en la Hacienda pública. Curiosamente, no es Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), secretario de Estado de Hacienda, quien se dedica a estos menesteres, sino la subsecretaria Juana Lázaro, dispuesta a vengarse de los ocho años en que los populares le remitieron a un segundo plano. Así, Díaz Yubero se ha hecho con los departamentos de Inspección, Gestión y recaudación, en los que está colocando a todos sus amigos, por ejemplo a Carlos Cervantes, mientras Luis Cremades, otro miembro del grupo, se ha convertido en responsable de la Delegación de Hacienda de Madrid.
Al mismo tiempo, el tándem Martínez Robles-Juana Lázaro, en un tema tan delicado y aséptico como la Inspección de Hacienda (curioso, ninguno de los dos está oficialmente en Hacienda), juega con fuego. Un ejemplo de sectarismo: Juana Lázaro acaba de vetar a Beatriz Viana Miguel por la feroz acusación de haber sido la última jefa del Gabinete de Rodrigo Rato. Viana Miguel, una de las inspectoras más competentes del cuerpo iba a ser la subinspectora de Gestión Tributaria, hasta que surgió la bola negra de Juana Lázaro. En este ambiente, hay que temerse lo peor en el delicadísimo segmento de la lucha contra el fraude fiscal en grandes fortunas o grandes empresas. Martínez Robles y Lázaro están dirigiendo la purga contra todos los cargos relevantes del Fisco que tuvieron algo que ver con la anterior Administración. Es decir, los funcionarios tiemblan, pero los banqueros, grandes empresarios y operadores financieros están muy tranquilos. No hay peligro de que se apunte contra quien no se debe apuntar.
El lema del Gobierno Zapatero podría ser: Si quieres mantenerte en el poder, a la Hacienda pública debes someter.
