El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, prepara una batería de medidas político-jurídicas para defender los archivos de la Guerra Civil que se encuentran en Salamanca. No ha querido detallar en qué consistirán esas medidas porque asegura que "al enemigo no hay que darle ni agua". Pero, sin embargo, anuncia que tendrá al pueblo de frente, como ya ocurriera en 1995 cuando el Consejo de Ministros felipista acordó el traslado de dichos archivos a Barcelona. Entonces, salieron a la calle 60.000 personas. "Muchas para tratarse de una ciudad tranquila como Salamanca", señala Lanzarote en Intereconomía. Además, el alcalde señala que si la decisión se llevara a cabo, la movilización ciudadana sería muy superior, porque se manifestaría toda Castilla y León.
Y es que las Cortes regionales han decidido "blindar" los archivos y considerarlos de naturaleza autonómica. Lanzarote no duda de que se trata de unos archivos estatales, pero se pregunta por qué desean ser trasladados si Salamanca forma parte del Estado. "Los salmantinos llevamos años protegiendo nuestro patrimonio inmobiliario y mobiliario. Por eso, Salamanca ha sido catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Y de esta ciudad no va a salir ni un papel", advierte.
Lanzarote se muestra partidario de que los archivos sean digitalizados para que estén a disposición de los investigadores y recuerda que el entonces ministro de Cultura, Jordi Solé Tura, comenzó la microfilmación de los documentos, que fue paralizada por orden de Moncloa. Además, el alcalde de Salamanca considera que la comisión de expertos es más política que científica: "Se han reunido tres veces en mes y medio y sólo uno de los 17 supuestos expertos ha tenido la dignidad de venir a Salamanca a conocer los archivos". El regidor recuerda que ya hubo una comisión de expertos trabajando durante dos años formada por dos representantes de la Generalitat y dos del Ministerio de Cultura y que entonces no hubo acuerdo : "¡Qué casualidad que 17 señores se pongan de acuerdo de manera unánime en mes y medio!".
Lanzarote considera que el traslado del archivo es un "peaje" político que el Gobierno paga a ERC como contrapartida al apoyo de las cuentas públicas. "Sabíamos que estaba en el acuerdo del Tripartito y desde que en mayo se anunció la constitución del comité de expertos estábamos preparados para todo", señala. La batalla está servida.