Lo cierto es que el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se lo ha puesto muy difícil al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para reformar la Constitución y modificar los estatutos de autonomía. Es más, en el último momento, y al decir de fuentes del Partido, Rajoy ha cambiado de actitud y se ha aupado en el Aznarismo: no hacer más concesiones descentralizadoras.

 

De otra manera, no pueden entenderse las condiciones que Rajoy ha impuesto a Zapatero si este quiere que la reforma constitucional se haga por consenso de todos los grupos parlamentarios: no pueden haber "asimetrías" (en otras palabras, no puede haber diferencias entre unas comunidades y otras, independientemente de que los manchegos, por ejemplo, no deseen tanta autonomía como vascos y catalanes). Desde luego, eso no lo van a aceptar ni vascos ni catalanes, ni gallegos ni canarios (y Galicia está gobernada por el Partido Popular).

 

Aún más, Rajoy ha unido, muy inteligentemente, todo hay que decirlo, la financiación autonómica con la municipal, siempre irresuelta. Por decirlo en pocas palabras, el planteamiento del Aznarismo era muy simple: el 50% de los recursos (léase Impuestos) son del Estado, el 25% de las comunidades autónomas y el otro 25% de los Ayuntamientos.

 

Rajoy sabe perfectamente que los más asfixiados económicamente son los municipios, no las comunidades, y sabe que las corporaciones locales arreglan ese déficit con cargo al encarecimiento de la vivienda y a la especulación con el suelo (es especulación preferentemente pública, no lo olvidemos). Por tanto, está enfrentando a ayuntamientos y comunidades autónomas. Le está diciendo a Zapatero: si quieres pasar por el gran descentralizador, el que tendrá que ceder será el Gobierno central.

 

En cualquier caso, lo ha puesto muy difícil, por no decir imposible. Eso sí, Zapatero lo tiene claro: la respuesta será profundizar en su actual estrategia política: "Todos contra el Partido Popular".