Sr. Director:
En Argentina hay dos realidades detrás del conflicto que mantienen la presidenta Cristina Fernández y la tendencia al monocultivo y la concentración creciente de la tierra en pocas manos en el campo.

Este país posee 30 millones de hectáreas cultivables, pero -según admite el Gobierno- el 50% de esa superficie se dedica a la soja. Argentina es el tercer productor mundial de esta oleaginosa y su economía se ha recuperado del colapso financiero de 2001 en gran medida gracias a ella.

Sin embargo, los argentinos no se alimentan con la soja, ya que el 95% de la cosecha se exporta a países como China. En cambio, granos como el trigo y el maíz, que sí se consumen en el mercado interno, tienen una superficie cultivada cada vez menor. Asimismo, hay menos hombres de campo dedicados a la ganadería, a pesar de que cada argentino consume 70 kilogramos de carne de vacuno por año, ya que criar una vaca consume más tiempo e inversión que cultivar soja.

El paro agrario se lanzó contra la decisión de la presidenta Fernández de aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y girasol del 35% a más del 40%.

Lo han protagonizado los pequeños y medianos productores, pero los grandes terratenientes y los conglomerados también se han sumado a él.

A los primeros, el incremento de los tributos les reduce su ya limitado margen de ganancias, reducido porque no les queda otra opción que alquilar tierras y comprar insumos a precio de mercado. A los segundos no les afecta tanto debido a su más amplio volumen de ganancias y a los beneficios que obtienen gracias a su poder de negociación.

Por eso el Gobierno decidió diferenciar entre unos y otros, y revirtió el aumento de los tributos para los pequeños y medianos agricultores. El resto, en cambio, pagará el incremento impositivo. No obstante el conflicto persiste.

José Morales Martín

jomomartin@gmail.com