Con motivo de las resoluciones del Tribunal Supremo sobre dos casos de centros de educación diferenciada, se ha levantado una auténtica polvareda que, como siempre en este país, se ha inflado con todo tipo de impresiones subjetivas.
E, incluso, de faltas de respeto hacia las familias y profesionales que hemos optado por este tipo de educación. Como profesor con casi cuarenta años de dedicación pienso que estoy en mi derecho de manifestar mi absoluto desacuerdo por este tipo de reacción, tanto en el fondo como en la forma.
El Tribunal no ha dicho que la educación diferenciada no sea legal, sino que puede no ser financiada con fondos públicos según la LOE. Si es "legítima y válida", ¿por qué no ofrecerla a las familias que la desean, en igualdad de condiciones que los otros modelos educativos?
Tengo la sensación de que es aquí donde está la madre del cordero y que explica las desmesuradas reacciones de estas personas. Las resoluciones del Supremo las han entendido como una especie de victoria ideológica sobre el enemigo. Por ser una disputa ideológica propia de grupos con aire totalitario, no quieren ni desean atenerse a razones más que evidentes. Les da lo mismo que los colegios de educación diferenciada sean mayoría entre los mejores colegios de los rankings públicos de Inglaterra o que en USA sea un modelo que crece cada año; les importan muy poco las evidencias que aporta la neurociencia o las investigaciones de prestigiosos pedagogos de todo el mundo o la evidencia de los buenos resultados obtenida por estos centros. Lo suyo es la descalificación, el insulto y el desprecio a los que no piensen como ellos.
En lo que no podemos consentir es que a los que optamos por este modelo educativo no se nos respeten nuestros derechos constitucionales ni que se nos dé la oportunidad de hablar. ¿Dónde queda la capacidad de elección, al modelo único que ellos proponen? ¿Es este el concepto que tienen de libertad? Habrá que recordar que estamos en pleno siglo XXI.
Jesús Martínez Madrid
