Lo peor del laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, no es únicamente que vaya en contra de la eléctrica, sino que establece un peligro precedente para otras compañías de sectores regulados.
En este caso concreto, el laudo obliga a la empresa con sede en Bilbao a pagar las costas del proceso legal, unos 5,3 millones de dólares. Resumiendo mucho, la historia se remonta al año 2008, cuando la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de Guatemala redujo notablemente el precio de comercialización de la electricidad. Tanto, que a Iberdrola, accionista mayoritario de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), no le salían las cuentas. Entonces, demandó al Gobierno del país, y le exigió una indemnización de 672 millones de dólares, que más tarde redujo a 188 millones de dólares, tras vender sus acciones de EEGSA en 2010 a la colombiana Empresa Pública Medellín.
En cualquier caso, esta sentencia no habrá sentado nada bien en otras compañías españolas sometidas a regulaciones en países donde prima la arbitrariedad de los gobernantes, antes que el sentido común o, incluso, el bien común de sus ciudadanos. Véase, por ejemplo, el caso de Endesa en Argentina.
Pablo Ferrer
pablo@hispanidad.com
