El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, confirma la intención del Gobierno de desgajar las actividades civiles y militares de Izar privatizando los astilleros civiles. De momento, afirma que existe una oferta sobre el astillero de Sevilla y la fábrica de motores de Manises, además de "otros contactos".

 

En su opinión, la única alternativa a la privatización es la liquidación. En entrevista con ABC, Martínez Robles asegura que los astilleros pueden ser  viables y responsabiliza al anterior Gobierno de no haber hecho gestiones comerciales suficientes para obtener pedidos: "Una empresa que lleva tres años sin contratar no puede sobrevivir". En la actual coyuntura, con el expediente de Bruselas que exige la devolución de 1.100 millones de euros de ayudas ilegales y la imposibilidad de seguir siendo financiada por el Estado, la única alternativa es la participación del sector privado, si bien, deja abierta la puerta a la colaboración de empresas mixtas.

 

Como se recordará, el grupo interministerial y la consultora Accenture (antes Andersen Consulting) concluyeron en el año 2000 que lo más estratégico para los astilleros españoles era la búsqueda de las "sinergias" entra las actividades civiles y militares; ahora determinan que el organigrama necesario es la segregación de activos. Muy coherente. Quizás la lógica está en la afirmación del presidente de la SEPI: "El objetivo no confesado era que al ser una sola empresa había una cierta opacidad para financiar con fondos públicos la actividad de construcción civil, cosa que el Gobierno del PP sabía que estaba prohibida desde 1997". Eso sí, Martínez Robles abre la posibilidad de que los astilleros militares (futura Izar pública) puedan realizar pedidos civiles, "pero en un 50% de su cartera como actualmente".