Si no pueden aplacar el balón, placa al hombre. Es lo que pensaron los promotores de Viajes Marsans (los empresarios españoles Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata), propietaria de Aerolíneas Argentinas (AA), cuando el juez bonaerense Alejandro Baños decidió aceptar la querella contra los tres por gestión fraudulenta de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas fue reflotado con dinero público español (de la SEPI), que se la entregó a Marsans en las mejores condiciones posibles, con una subvención de más de 750 millones de euros para pagar deudas y reflotar la compañía.

 

Sin embargo, varios accionistas privados consideran que Pascual, Díaz y Mata desviaron fondos públicos españoles muy lejos de Aerolíneas con destino desconocido, pero sospechable.

 

Al final, Marsans decidió impugnar a un juez Baños que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Un año ha tenido que aguantar Baños, hasta solventar la recusación de los nuevos propietarios de Aerolíneas, pero ahora retoma la querella contra Pascual, justo en el momento en que el Gobierno argentino ha vuelto a impugnar las cuentas de Aerolíneas, esta vez correspondientes al ejercicio 2003.

 

Dos accidentes en dos meses (el último con aterrizaje de emergencia de un avión que acababa de despegar), más la necesidad de comprar nuevos aparatos con los que financiar la temporada alta que ahora se inicia en el Cono Sur, colocan a Pascual, Díaz y Mata contra las cuerdas. Necesitan imperiosamente que la SEPI abone los 85 millones de dólares que aún les quedan por recibir para seguir tirando. Eso sí, su sueño de sacar Aerolíneas a Bolsa y salir corriendo del país ha quedado en el aire.

 

Lo más llamativo es que el nuevo presidente de SEPI, el socialista Enrique Martínez Robles, mantiene una actitud durísima con el Partido Popular pero versallesca con Marsans. Es verdad que Pascual y Díaz presumen de mantener unas buenas relaciones con la Zarzuela, pero resulta llamativo que el PSOE, que en la oposición lanzó una durísima campaña contra el PP por el caso Aerolíneas, dirigida por actual ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y por los diputados José Segura (hoy delegado del Gobierno en Canarias) y Arancha Mendizábal, haya dado un giro de 180 grados. Ante los golpes judiciales no se han atrevido a entregar a Marsans la subvención, pero es que, además, han paralizado hasta las preguntas parlamentarias que el Partido Popular dejó de contestar en su momento.

 

Aerolíneas puede pasar por ser el primer ejemplo de que el nuevo Gobierno, una vez alcanzado el poder, no tiene ya interés en saber dónde va a parar el dinero público de todos los españoles.