Los inspectores de Hacienda se rebelan contra el Gobierno por el caso Botín

La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, APIFE, denuncia la mayor purga por razones ideológicas que se ha realizado en la Agencia Tributaria. Por el momento,  nada se sabe del Plan de lucha contra el fraude, que debería entrar en vigor el 1 de enero. Los inspectores afirman que los socialistas no tienen fuerza moral para luchar contra el fraude cuando exoneran al hombre más rico de España por las cesiones de crédito.  

Hay un ambiente de auténtica rebelión entre los inspectores de Hacienda. Desde luego, la única razón de su enfado no es Botín, aunque este factor también influya. No, los inspectores de Hacienda afirman que desde la llegada al PSOE se ha producido la mayor purga en la Agencia Tributaria y consideran que los autores de esa purga son el secretario de Estado de Presupuesto y Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, y la subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda (y antigua directora de la Agencia), Juana Lázaro. Como instrumento para la purga, el nuevo director de la Agencia, Luis Pedroche. A pesar de su cercanía al PSOE, fue el Gobierno Aznar quien sacó a Pedroche de la intervención y le convirtió, sin previa oposición, en inspector de Hacienda. Pues bien, ha sido Pedroche quien ha llevado a efecto la recatalogación, o nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT en la jerga hacendística), que especifica qué puestos hay que cubrir, con qué categoría y con qué condiciones salariales. Esa recatalogación ha beneficiado a las categorías inferiores: subinspector, agentes tributarios y auxiliares, mientras que ha estancado las retribuciones de los inspectores, precisamente los encargados de llevar a cabo la lucha contra el fraude. En la Agencia hablan de un nuevo talante.

Al tiempo, Pedroche ha cambiado a la inmensa mayoría de los delegados de la Agencia en comunidades autónomas y provincias, así como a los jefes de inspección regional y a sus adjuntos. En la sede central se ha procedido a una remoción de casi todos los directores y subdirectores de departamento, piezas clave en la estructura de Hacienda. Los inspectores denuncian que, en la práctica, se ha llevado a cabo un descenso de las condiciones en las retribuciones para los miembros del cuerpo, entre otras cosas porque sigue vigente la jubilación a los 70 años. Considerando que los inspectores no están sometidos al Régimen de la Seguridad Social (su régimen se parece más al de las clases pasivas), su aportación para la pensión futura es mínima. De esta forma, todo inspector de Hacienda se preocupa de tener su plan de jubilación individual ese al que el Gobierno quiere suprimir la desgravación fiscal. Entre los inspectores ya se habla del futuro geriátrico en el que se va a convertir la Hacienda española.

En estas circunstancias, el equipo de Pedro Solbes ya ha anunciado el nuevo Plan de lucha contra el fraude fiscal, uno de los puntos estrella del programa del PSOE. Se suponía que dicho Plan entraría en vigor el 1 de enero, pero los encargados de ejecutarlo, los inspectores, afirman que nadie se ha  dirigido a ellos para explicarles cuáles son las prioridades. Pero algo más: en APIFE se considera que el Gobierno Zapatero no tiene fuerza moral alguna para luchar contra el fraude cuando ha exonerado al hombre más rico de España, Emilio Botín, del delito fiscal de las cesiones de crédito, cuyo juicio oral se abrirá a comienzos del próximo año.

Precisamente, en la tarde del pasado martes 23, el PSOE volvió a insistir -tras la moción del diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Herrera- que el abogado del Estado, es decir, el representante de Hacienda, no se personará en el juicio contra Emilio Botín.

Para APIFE no es de recibo que Hacienda esté persiguiendo a titulares de cesiones de crédito intermediadas por el Banco Santander y deje libre al presidente de dicho banco.