Según los datos de la patronal Inverco, los fondos de pensiones españoles obtuvieron una rentabilidad del 1,24 en el primer semestre del ejercicio. No obstante, a pesar de la exigua rentabilidad, el patrimonio administrado por estos fondos asciende a los 212.000 millones de euros. El crecimiento obedece a la rentabilidad fiscal de estos productos financieros. Los últimos gobiernos, conscientes de las dificultades actuariales de la Seguridad Social han promocionado fiscalmente estas fórmulas de ahorro. El problema es que la rentabilidad tradicional de estos productos es extraordinariamente baja, cuando no negativa. Y todo lo que esté por debajo del nivel de inflación es mermar el patrimonio futuro.
Quizás el problema radique en la escasa atención de los gestores. O a lo mejor en la deficiente supervisión de la Dirección General de Seguros. Pero sea como sea, el ahorrador que quiere pensar en su vejez buscando ventajas fiscales se encuentra atrapado en unos instrumentos ineficientes ¿No sería mejor liberalizar los fondos de pensiones y que tenga esta categoría fiscal todo ahorro con la única condición de no tocarlo hasta el momento de la jubilación? El cómodo sector asegurador se opone. Pero el consumidor de estos productos observa cómo su patrimonio ahorrado adelgaza por la impericia de unos gestores acomodados y ante el silencio de las autoridades reguladoras.
