Al parecer este mismo año la Audiencia Nacional se pronunciará en relación a las miles de demandas contra el Estado presentadas por los afectados por Forum y Afinsa.

Esperemos que actúe con la suficiente eficacia e independencia para desvelar el papel desarrollado por cada uno de los organismos de la Administración que intervinieron o que debieron y no lo hicieron.

Si, como decía el Sr. Solbes, el fraude era tan evidente que se detectaba con una mínima cultura financiera, no es entendible que la Administración, que tiene la obligación legal de supervisión (art.51 de la Constitución) permitiera la expansión de estas organizaciones durante 27 años.

Resulta extraño que las diversas inspecciones tributarias realizadas en ambas empresas y los expedientes elaborados por Banco España y la CNMV a raíz de las denuncias presentadas por Asociaciones de Consumidores como Adicae en el 2002 y por particulares, así como otras alarmas que lanzaron diversos organismos oficiales no pusieran freno a estas organizaciones.

Por el contrario, la respuesta fue sorprendente, la aprobación de la Disposición Adicional 4ª de la ley del 2003 que eximía de cualquier responsabilidad a los citados organismos, dejando a las empresas en manos de Consumo, que significa lo mismo que dejarlas sin supervisión. ¿Era solo por afán de eludir responsabilidades?

Lo que es público y sospechoso es que estas organizaciones mantenían relaciones muy cordiales con todas las instituciones públicas, lo cual era utilizado para generar la confianza de los ciudadanos. Ministros firmando libros de honor de las empresas o entregando premios a la excelencia en la dirección, por ejemplo, Abogados del Estado impulsando asociaciones creadas para perpetuar la actividad, Asociaciones de consumidores que recibían millones de euros por su apoyo, etc...

Pero para mas inri, el Estado se lucró directamente de esta presunta estafa a través de una empresa de su propiedad Informa D&B. Esta pretigiosa empresa especializada en estudios de solvencia certificaba año a año los mayores ratios de solvencia y la incluía sin dudar en su top ten de las mejores empresas a nivel nacional. Estas certificaciones eran pieza fundamental en toda la comunicación comercial y del argumentario del equipo de ventas.

El Estado de momento es un gran beneficiado ya que se ha llevado gran parte del dinero supuestamente estafado a través de los impuestos. Hay que tener en cuenta que mediante el impuesto de sociedades se declaraban anualmente importantes beneficios ficticios y a través del IVA el 16% de los 5.000 millones de euros captados. También millones de euros en concepto de seguros sociales al mantener cientos de puestos de trabajo y el resto por tasas, plusvalías declaradas por los clientes y otros impuestos.

Ahora, con el exiguo patrimonio que resta, mermados en gran parte por la forma de intervención, los afectados soportan los enormes gastos del proceso de liquidación, las indemnizaciones de los trabajadores y de forma preferente las deudas que figuraban con los distintos organismos de la Administración.

En conclusión: la Administración se lucra y todo el perjuicio recae sobre la parte mas indefensa: los pequeños ahorradores. Y desde el poder y las instituciones se afanan por correr un vergonzoso tupido velo para evitar el esclarecimiento de los hechos.

Esperemos que la Audiencia Nacional actúe con independencia y haga justicia, logrando resarcir a los afectados de semejante atropello.

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