El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha calificado la actual legislación sobre separación y divorcio de "encarnizamiento procesal". A su juicio, el alargamiento del proceso produce costes procesales, económicos y sentimentales innecesarios, y considera que la eliminación del trámite previo de la separación y la "descausalización" del divorcio suponen un avance. Bajo el argumento de la autonomía de la voluntad, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, explicó que basta con la expresión de la voluntad para casarse y que debe de bastar con la misma voluntad para divorciarse. Sobre la voluntad de los hijos, nada se dijo.
Ambos han coincidido en calificar la agilización del divorcio como un "derecho ciudadano", que formaba parte de los compromisos contraído por el Gobierno con sus electores. También han coincidido ambos en considerar esta normativa como complementaria a la Ley de Violencia de Género porque "dos tercios de los casos de violencia de género se produce en parejas que estaban en procesos de separación", señala la vicepresidenta. Por eso, Aguilar añade que el plazo exigido para comenzar el divorcio es de tres meses desde la boda "salvo que hayan mediado malos tratos de manera previa".
A pesar de que el ministro ha explicado que la normativa busca el bien de los hijos, la realidad es que los hijos siempre salen perjudicados en los procesos de rupturas familiares. Además, desde el Gobierno se insiste en que la agilización del divorcio no generará más rupturas, algo desmentido empíricamente por un estudio de la Universidad de los Andes, cuyo resumen publicaba el jueves 16 ForumLibertas y cuya lectura recomendamos en:
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