En la Guardia Civil y en el INE El II Convenio Unificado para el personal laboral de la Administración General del Estado obliga a mejorar las retribuciones del personal laboral del INE en 2.860.724,49 euros. En realidad la cantidad sale de sumar el II Convenio, junto a sentencias, pagos atrasados y cantidades pendientes de liquidar de personal eventual. Vamos, Pepe, Otero y Otilio, chapuzas a domicilio.
Por lo mismo, en la Guardia Civil también se ha tenido que echar mano del Fondo de Contingencias (¡qué haríamos sin él!) por 131.927,11 euros. ¿La razón? El cumplimiento de los autos dictados por la Sala de los Contencioso-Administrativo de Superior de Justicia de Navarra en 2007 y 2008 sobre extensión de la sentencia del mismo tribunal en 2004. En la nueva hornada se reconoce el derecho de 24 guardias a cobrar las horas extras que no habían sido abonadas.
Por último, Economía autoriza el suplemento de crédito por 1.098.,973,45 euros a la Agencia Española de Protección de Datos para financiar sus gastos corrientes. Pero además, la agencia ha sido dotada mediante convenios para desarrollar su labor inspectora con mayor eficacia. Así, la gestión y recaudación de las sanciones en vía de apremio será gestionada por la Agencia tributaria, la Fábrica de Moneda y Timbre correrá con los gastos de la implantación de la firma electrónica, los servicios jurídicos del Estado costearán la defensa de los intereses de la agencia y los estudios y trabajos técnicos serán realizados (y financiados) por la Universidad de Valencia. La Agencia de Protección de Datos pone la mesa. Y el mantel. El dinero, que lo ponga otro.
Por lo mismo, en la Guardia Civil también se ha tenido que echar mano del Fondo de Contingencias (¡qué haríamos sin él!) por 131.927,11 euros. ¿La razón? El cumplimiento de los autos dictados por la Sala de los Contencioso-Administrativo de Superior de Justicia de Navarra en 2007 y 2008 sobre extensión de la sentencia del mismo tribunal en 2004. En la nueva hornada se reconoce el derecho de 24 guardias a cobrar las horas extras que no habían sido abonadas.
Por último, Economía autoriza el suplemento de crédito por 1.098.,973,45 euros a la Agencia Española de Protección de Datos para financiar sus gastos corrientes. Pero además, la agencia ha sido dotada mediante convenios para desarrollar su labor inspectora con mayor eficacia. Así, la gestión y recaudación de las sanciones en vía de apremio será gestionada por la Agencia tributaria, la Fábrica de Moneda y Timbre correrá con los gastos de la implantación de la firma electrónica, los servicios jurídicos del Estado costearán la defensa de los intereses de la agencia y los estudios y trabajos técnicos serán realizados (y financiados) por la Universidad de Valencia. La Agencia de Protección de Datos pone la mesa. Y el mantel. El dinero, que lo ponga otro.
