Tal y como informamos el martes 27, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha ordenado la apertura del juicio oral por el caso de las indemnizaciones millonarias realizadas por Botín al ex copresidente del SCH, José Maria Amusátegui, y al ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui. La acusación –Juan Francisco Franco Otegui y Rafael Pérez Escolar- considera que, según la legislación bancaria vigente, el presidente del SCH, Emilio Botín, debería de presentar la dimisión. La normativa data de 1966 y obliga a la honorabilidad de quienes ostenten cargos de dirección en la actividad bancaria, entendiéndose por honorabilidad no verse envuelto en "indicios racionales de responsabilidad penal".
En el SCH son más laxos y entienden que la normativa resulta anacrónica y que por honorabilidad debe de considerarse tan sólo a quien resulte afectado por una sentencia judicial firme. En cualquier caso, y por si acaso, la acusación se ha dirigido también a la SEC norteamericana, ya que el SCH cotiza en la Bolsa de Nueva York. Los órganos de revisión estadounidenses son más estrictos y la acusación entiende que el caso de las indemnizaciones es tan claro que la SEC tendrá que intervenir. Y en esas estamos mientras el Tribunal Constitucional decide si suspende la vista oral solicitada por Botín en recurso de amparo.
