El duelo fue el pasado viernes, en la sede del ministerio de Industria (Paseo de la Castellana 160). Las eléctricas se reunían con el Gobierno para analizar el borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) que determinará cuánto pueden contaminar y quién tendrá que pagar los costes de la contaminación. Por un lado, estaban Endesa, Unión Fenosa, Viesgo, y HC. Estas son las empresas partidarias de seguir empleando el carbón como combustible para producir electricidad durante el mayor tiempo posible, y partidarias, sobre todo, de que se les otorguen más derechos de emisión de gases contaminantes. En frente estaba Iberdrola, aunque no en solitario. Le apoyaban Gas Natural y tres empresas extranjeras que quieren producir electricidad en España: la norteamericana AES, la irlandesa ESD, y la gasera Bahía de Bizkaia (que no es extranjera pero lo pretende).

 

Como jueces, el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo, y el director general de Energía, Jorge Sanz.

 

El Gobierno dejó claro que los planteamientos del borrador son inamovibles. En otras palabras, que ya ha quedado claro lo que puede contaminar España, otra cosa es cómo se asignen las emisiones sobrantes, pero ya no hay marcha atrás.

 

Por tanto, los dos bandos batallan por conseguir que los derechos de emisión se asignen por criterios históricos (en cuyo caso, Endesa, Fenosa y compañía saldrían ganando), o se asignen a los nuevos entrantes en el sistema. Por eso es muy lógico que Gas Natural, que no tiene derecho histórico alguno, apoye a Iberdrola, la reina del ciclo combinado, así como los extranjeros que quieren abrir hueco en España.

 

Sin embargo dos cosas llaman la atención. Por una parte, los carboneros recuerdan que  según sus cálculos  el valor añadido bruto de una central de carbón nacional es de 36 euros por MW hora producido (entre 24 y 30 euros si se trata de carbón importado) mientras que una central de ciclo combinado se queda en los 8-12 euros.

 

Por su parte, Iberdrola insiste en que Kyoto puede cumplirse e incluso las eléctricas pueden ceder a otros sectores productivos contaminantes (cementeras, cerámica, etc.) esos derechos. Lo más gracioso es que los extranjeros entrantes, especialmente, los norteamericanos de AES y los irlandeses de ESD exigen que el Estado les conceda derechos de emisión (que no necesitan para nada, pero con los que pueden especular vendiéndoselos a una Endesa, por ejemplo) o amenazan con marcharse.

 

La pelea por Kyoto empieza a ser muy divertida.