Una de las políticas más peligrosas del Gobierno Zapatero ha consistido en retrotraernos a 1936, mejor a 1931, cuando se empezaron a quemar templos en España y a asesinar a unos cuantos cientos de curas, religiosas y laicos como enemigos declarados de la Revolución, mientras, eso sí, el Gobierno republicano miraba hacia otro lado en lugar de proteger a las víctimas de sus verdugos o, si lo prefieren, en lugar de cumplir con su obligación de defender la libertad religiosa.
Habíamos olvidado la Guerra Civil, que fue, ante todo, una guerra provocada por el odio a la fe de buena parte del continente social militante de los republicanos y han tenido que pasar (1931-2004) más de 70 años para que llegara un cazurro (ningún insulto: es la forma con la que los asturianos llamamos a nuestros vecinos leoneses) que nos ha devuelto a las dos Españas. Y como en 1931, el Gobierno pensaba que "todos los conventos de España no valen la vida de un español", salvo claro, que el español sea católico, claro está. Y el que quiera aprender que vaya a Salamanca.
España se ha vuelto sacrílega. Profanaciones de templos, robos de las especies sacramentadas, es decir de mismo Dios, blasfemias en televisión y siga usted contando. Y cuando, como en la capilla del campus de Somosaguas, se pasa al ataque directo, entonces el Ejecutivo enarbola la bandera de la libertad. No es de extrañar que la famosa Asociación que pretende una contra-manifestación a la procesión eucarística del Jueves Santo, se denomine Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL). Desde los geniales Don Camilo y Peponne, de Giovanni Guareschi, -postguerra italiana- no oía yo ese término: librepensador. Siempre me he preguntado cómo se puede coartar la libertad de pensamiento. Probablemente, con unas tenazas sobre el cerebro. La lotería de las siglas AMAL, también ofrece vastos, y hasta bastos, paisajes para la glosa.
Ahora bien, si el Zapaterismo mira hacia otro lado cuando se atenta contra la libertad religiosa, porque odia tanto a la Iglesia como los blasfemadores, el PP también guarda un estentóreo silencio.
La razón es muy simple. Al igual que Aznar, Mariano Rajoy considera que el voto católico no existe. El PP lleva desde los primeros años noventa despreciando a los católicos como votantes: sabe que no tienen a quién votar así que pueden permitirse el lujo de torturarles.
Pero deberían tener cuidado porque la paciencia tiene un límite. Verbigracia: si los católicos madrileños se leen la nota electoral emitida por sus obispos –que sospechosamente ha pasado desapercibida en la inmensa mayoría de los medios afines al PP- llegarán a una conclusión inequívoca: un católico no puede votar a un Gallardón que reparte píldoras abortivas entre las adolescentes y un católico no puede votar a Esperanza Aguirre, quien financia los abortos quirúrgicos en clínicas privadas, aunque la ley Aído, al igual que la de 1985- no le obliga a ello en ningún caso.
En cualquier caso, al PP no le costará nada poner en marcha una serie de medidas que, por lo menos clarificarían la situación y que, además, serán aceptadas tanto por cristianos como por agnósticos, ateos y, creo, librepensadores. Medidas que siguen la estela de los valores no negociables de Benedicto XVI. A saber:
1. La precitada: que los gobiernos del PP dejen de financiar abortos en los mataderos privados. Ojo, que ni tan siquiera hablo de acabar con el aborto, sólo de no financiarlo en clínicas privadas. Aun así, yo no votaría a un partido cuyos dirigentes apoyan la ley de 1985 y se conforman con impugnar la de 2010 –no más homicida que aquella- sólo para marcar distancias con Zapatero.
2. Salario maternal. Un salario mínimo para toda pareja que afronte la maternidad, cuyo coste es mínimo, como ya hemos demostrado en Hispanidad. Eso sí, es una ayuda a la familia y debería convertirse en la prestación social clave del siglo XXI. Sobre todo, porque es la prestación más justa y más 'feminista'.
Reparen en que pagarle un salario maternal –cuantía de salario de salario mínimo, 650 euros- a los menos de 500.000 niños por año nacidos en España saldría por 3.900 millones de euros. 2.800 millones de euros ha solicitado la CAM al Estado para mantener una entidad deficitaria.
3. El cheque escolar, única garantía posible para la libertad de enseñanza, que consiste en devolverles el poder a los padres y arrebatárselo a quien ahora los posee: gobiernos, profesores y empresarios.
4. El bien común, cuarto principio no negociable, exige luchar contra la corrupción, 'of course', pero es mucho más que eso. En el momento actual, lo más importante es una defensa de la propiedad privada, en especial de la propiedad privada pequeña, individual, familiar y de trabajadores por cuenta propia: profesionales, autónomos y microempresas, los elementos más productivos del país.
La propiedad privada exige reducir impuestos, tasas y sanciones que abruman, sobre todo a familias y trabajadores por cuenta propia. La propiedad privada tiene hoy dos enemigos, ambos de gran tamaño: el sector público y el sector financiero. Sí, también este último. Los católicos defendemos la propiedad porque la propiedad privada es lo que nos ofrece libertad. Pero no la propiedad financiera, dado que es una propiedad fiduciaria. En plata: aunque usted compre acciones del Santander nunca será propietario del Santander, porque en ese grupo manda el señor Botín, y lo hace con menos del 1% del capital. La propiedad financiera no es propiedad privada, es propiedad fiduciaria. Ahora bien, usted sí puede ser propietario de su casa, de su despacho, de su pequeña explotación, que depende de usted y sólo de usted y donde puede realizarse personal y profesionalmente. Esa es, precisamente, la definición de propiedad privada: aquellas donde uno puede realizarse y donde la responsabilidad –compañera inseparable de la libertad- le pertenece. Por contra la gran propiedad está regida por señores que siempre operan… con el dinero de los demás.
Para proteger a esa PPP (pequeña propiedad privada) hacen falta medidas fiscales para que las pymes paguen menos impuesto de sociedades que las multinacionales (en la práctica pagan menos éstas que aquéllas).
Y, naturalmente, subir el salario mínimo, porque en España se cobra poco y, encima, las diferencias salariales resultan inadmisibles, en términos de justicia social.
Hay otras medidas, como los impagos, el abuso de las grandes superficies, la llamada libertad de horarios, verdadera guillotina para los pequeños comerciantes, las trabas burocráticas y, lo que es peor, las trabas jurídicas –judicialización de la vida económica, donde siempre ganan los grandes porque tienen mejores abogados-, etc.
Y, naturalmente, el PP, si quiere ganarse la confianza de los católicos debería, al menos, plantarse contra la actual persecución a la Iglesia y a los principios de los cristianos, insultados cada día en televisión. Todavía estoy por escuchar a Rajoy una palabra mínima sobre el sacrilegio de Somosaguas o por la contra-manifestación del Jueves Santo o en defensa de los cristianos.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
